En materia de medios informativos, el Congreso de la Unión es autista. Lo fue, por lo menos, la Comisión Permanente en su sesión pasada. Como si en los archivos parlamentarios no descansaran toneladas de documentos relativos a las reformas necesarias en materia de comunicación social, especialmente las concernientes a los medios electrónicos privados, los legisladores se regodearon en su propia importancia acordando demandar que el Canal del Congreso, que ahora funciona con señal restringida, tenga un lugar en la televisión abierta.
Es de gran importancia que el Poder Legislativo cuente con su propio espacio de difusión electrónica. El público de la mayor parte de los países democráticos puede seguir los debates congresionales a través de la televisión pública. Y en México, donde el Congreso perdió respetabilidad a lo largo de muchos años y hoy su nueva presencia se enfrenta a la denostación de los medios de comunicación (en amplia medida, hay que reconocerlo, porque los legisladores aportan la materia prima para la descalificación), es preciso un programa de comunicación eficaz que muestre la tarea legislativa en todo su desarrollo y no a través de los flashazos tramposos a que la televisión comercial suele reducir el quehacer parlamentario.
No pongo en duda, pues, la necesidad de un canal de televisión parlamentaria. Pero la Permanente incurrió en un acto de fariseismo la semana pasada. Envió al público un mensaje falso, como si realmente concediera importancia a la difusión televisiva de sus tareas. No lo hace. Lo muestran por lo menos dos hechos. Uno, esencial en la casa donde se hacen las leyes, es que el Canal del Congreso carece de regulación. No se ha publicado el reglamento interior del Canal, aprobado desde el año 2000. Y por lo tanto no rige y mantiene en la precariedad a quienes participan en sus funciones. Además, la nueva legislatura dejó pasar el primer período de sesiones, de septiembre a diciembre, sin constituir la Comisión bicameral que tiene a su cargo el manejo del Canal.
En vez de subsanar esas deficiencias, que no son vistosas ni dan la impresión de que se trabaja en asuntos de importancia, los miembros de la Permanente atacaron el falso problema de la falta de difusión de sus tareas y de la imagen deformada de los integrantes del Congreso. No falta a los congresistas trabajo en materia de comunicación. Está pendiente, ni siquiera se ha dictaminado, una iniciativa de nueva ley federal de radio y televisión, cuyo anteproyecto fue presentado en diciembre del año antepasado (es decir, hace 14 meses) y acogido como suyo por senadores que no perseveraron en su entusiasmo.
Pongamos que una modificación al estatuto de los omnipotentes consorcios de la televisión es algo que excede a los alcances del debilucho Poder Legislativo. Admitamos que así sucede: en materia de medios informativos ese poder no puede. Pero sin resignarnos a su impotencia (o desgano, o ignorancia o miedo), aceptemos, con la fórmula de un recetario en desuso, que “la correlación de fuerzas no favorece el cambio”.
Pero seríamos, el Congreso y la sociedad, conformistas en exceso si simplemente dejamos todo como está, sin emprender tareas que pueden ser abordadas, que es necesario abordar. Téngase como ejemplo el caso de las radiodifusoras comunitarias. La Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo para demandar el cese del hostigamiento a ese género de emisoras y para que la autoridad les otorgue reconocimiento legal. Esparcidas por todo el territorio mexicano hay decenas de pequeñas estaciones de radio que ofrecen un servicio social, útil en todo tiempo para la comunicación comunitaria, e imprescindible en situaciones de emergencia.
Surgieron y permanecen porque satisfacen una necesidad no cubierta por la radiodifusión comercial, entre otras razones porque operan en regiones pobrísimas, ajenas al mercado de consumo y no siempre con acceso a la lengua nacional, sino a idiomas particulares. En la mayor parte de los casos, antes de instalarlas sus promotores solicitaron el permiso correspondiente, que debe expedir la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. De operar en esa materia la afirmativa ficta, muchas contarían ya con la autorización respectiva, pues la autoridad suele ni siquiera responder los requerimientos.
Por lo menos una de tales emisoras ha luchado sin éxito desde hace cuarenta años por un estatuto legal. El punto de acuerdo legislativo cayó en tierra estéril. Ignoro si mereció acuse de recibo por lo menos. No ha provocado un cambio de actitud de la autoridad, encarnada en Jorge Álvarez Hoth, el subsecretario de Telecomunicaciones que adquirió su experiencia en la materia al ser funcionario de Televisa.
Enfrentado a la persistencia de los promotores de la radio comunitaria, el subsecretario parece dispuesto a dar una respuesta y ha solicitado la presentación de los expedientes de cada caso. Pero resiste dar el primer paso, previo al cumplimiento de tal exigencia, que es explicitar las reglas, que determinen la naturaleza misma del procedimiento. Hasta ahora, la amplísima discrecionalidad de que disfruta le permite ser la caprichosa encarnación de la voluntad del Estado en esa materia.
A fin de que los usuarios de la televisión abierta, como pueden ya hacerlo los de la señal restringida, perciban la relevancia de las tareas parlamentarias, senadores y diputados harían bien en realizarlas, para que haya materia prima qué difundir. Una muy sencilla consiste en seguir el curso de sus propios acuerdos.
