Mañana emitirá una comisión del consejo general del IFE un dictamen que el propio consejo deberá conocer en su sesión del próximo viernes. Es, en rigor estricto, la primera prueba de probidad del órgano electoral cuyos miembros fueron elegidos en circunstancias deplorables el 31 de octubre pasado. Y lamentablemente hay indicios de que el consejo no superará esa prueba inicial.
Se trata de la aprobación de los estatutos del Partido Verde Ecologista Mexicano. Si inicialmente el tema parecía, o era, un conflicto interno en ese partido, su naturaleza mudó radicalmente cuando se convirtió en materia de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aunque con un defecto equivalente a poner la zorra al cuidado del gallinero —es decir, encargar a líderes considerados espurios en la propia sentencia la enmienda de los estatutos y la elección de sus sucesores—, la decisión judicial impuso deberes tanto a los dirigentes del partido como al IFE. Aquéllos debieron modificar los estatutos para hacerlos conformes con los principios democráticos. El IFE a su vez deberá examinar si los mencionados estatutos se ajustaron a derecho, es decir si se eliminaron la multitud de normas que han permitido que el Verde se maneje como un negocio, patrimonio de una familia y un breve grupo de sus validos.
El dictamen respectivo, que mañana será sujeto a aprobación, ha sido preparado por una comisión encabezada por el consejero Marco Antonio Gómez Alcántar, en cuya actuación se plasmara por primera vez el conflicto de intereses que provoque el lamentable modo en que fueron elegidos los consejeros. Gómez Alcántar es el consejero del Partido Verde y su criterio será muy relevante a la hora de dictaminar un asunto crucial para ese partido. No es una inexactitud ni un exceso considerar que Gómez Alcántar es un consejero verde. Fueron públicos los alegatos y la ufanía de los diputados priistas que la tarde del 31 de octubre estaban seguros de que tendrían cinco consejeros. No decían que harían cinco propuestas para integrar el consejo, sino que contarían con cinco consejeros. El razonamiento se extendió a los tres propuestos por el PAN y con mayor razón a la propuesta del Verde. Gómez Alcántar no puede acreditar, ni remotamente, que satisface el requisito que fija el inciso d) del artículo 76 del Código electoral: “tener conocimientos en materia político-electoral”. Eso no obstante, el Partido Verde lo propuso, lo hizo su consejero para que se ocupara de su asunto, pues estaba ya corriendo el plazo de sesenta días para la reforma de sus estatutos, que aprobaría el nuevo consejo. El PVEM necesitaba la garantía de que su causa sería bien vista en el nuevo órgano electoral.
Con ese fin se eligió a Gómez Alcántar presidente de la comisión que mañana dictaminará sobre los estatutos. Es altamente probable que proponga su aprobación y que en tal sentido vote el viernes el consejo general. Cuando lo haga, pondrá a los directamente interesados en que los nuevos estatutos sean democráticos, ante un hecho consumado, pues ha procedido con una discreción inexplicable, rayana en el secreto.
Para ocultar los nuevos estatutos, el IFE ha incurrido en actos que pueden suscitar incidentes de inejecución. Se trata de tristes añagazas que no debieran ser admitidas en un órgano con prestancia constitucional y menos practicadas allí. El dos de enero de este año, José Luis Amador solicitó al Instituto, entre otros documentos, copia de los estatutos que el 29 de diciembre presentó el PVEM, en inicial cumplimiento de la sentencia dictada para satisfacer el interés jurídico del propio Amador. Ante el silencio de la autoridad, Amador insistió el 28 de enero. Lo asiste un doble derecho a conocer esa información, como ciudadano, a tenor de las normas de transparencia y acceso a la información y como actor en el juicio cuya sentencia empieza a cumplirse con la presentación de los estatutos.
Ni en una condición ni en otra se le ha satisfecho su interés. Más todavía, se han esgrimido pretextos para impedir que se produzca la afirmativa ficta, es decir la aceptación tácita de una solicitud cuando transcurre el lapso previsto por la ley sin que haya respuesta negativa.
Amador consideró, el 28 de enero, que habían transcurrido ya 19 días hábiles desde su solicitud, cuatro más que el término de 15 días en que se genera la afirmación ficta. Triunfalistamente el director del secretariado del IFE, Jorge E. Lavoignet pretendió corregir el cómputo de Amador, alegando que los días debían contarse a partir del siete de enero pues entonces concluyeron las vacaciones en el órgano electoral, y los días “en que no hay actividades” no se cuentan como hábiles.
Pero sí hubo actividades en el IFE a pesar del período vacacional. Porque las había fue recibida el dos de enero el escrito inicial de esta fase del litigio, según consta en el sello fechador. Tan las había que el PVEM presentó el 29 de diciembre el estatuto ahora oculto. Además, con otro pretexto banal se alargó el plazo para responder la solicitud de información, de manera que cuando el viernes próximo el consejo general del IFE apruebe los estatutos lo hará sin que la parte directamente interesada en que se acate puntualmente la sentencia haya podido saber si eso ocurrió o no.
Cuando fue imposible remediar la designación de los consejeros electorales, organismos civiles se propusieron escrutar su conducta. Mañana y el viernes tienen adecuada ocasión para hacerlo.
