Especialista en Derecho recomienda no dejar ordenamiento legal expuesto a los amparos
La polémica que se suscitó sobre la supuesta omisión en que incurrieron los diputados en la aprobación del nuevo Código Penal, y que se subsanó con una fe de erratas, está contaminada políticamente, por lo que debe haber una aclaración contundente que no deje expuesto el ordenamiento a los amparos que pudieran promover litigantes ante la justicia federal, por una presunta inconstitucionalidad en el procedimiento de corrección.
Es el doctor en Derecho, Jaime García Carranza, quien se pronuncia porque el Congreso del Estado, los diputados que lo integran, asuman su responsabilidad y hagan frente al error en que supuestamente incurrieron, ya que un instrumento jurídico como lo es el Código Penal no puede estar expuesto a interpretaciones equivocadas por no ser claro ni preciso en sus conceptos.
Dijo que si se trata de una omisión administrativa, provocada por error tipográfico o de redacción, lo más recomendable es que los legisladores lleven a cabo una aclaración contundente, con las pruebas documentales en la mano, de tal manera que echen abajo las descalificaciones y críticas que señalan que fue una deficiencia legislativa, que en todo caso tendría que subsanarse mediante un procedimiento de ese tipo.
Agregó que un ordenamiento jurídico, cualquiera que sea, como es el Código Penal, no puede estar expuesto a los amparos por supuesta inconstitucionalidad; por lo que si hubo errores, lo primero que debe hacerse es reconocerlos, y después corregirlos, de acuerdo con el procedimiento que fije la misma Ley Orgánica del Congreso local.
Sin embargo, también consideró que la fe de erratas está contemplada en la jurisprudencia para subsanar errores, siempre y cuando no se pretenda cambiar el contenido de un artículo, sino que sirvan simplemente para cubrir la falta de una palabra que pudiera dar otro sentido a la redacción.
Una ley debe tener claridad y precisión, para que la sociedad la entienda, y no quede a interpretaciones engañosas de litigantes con ?experiencia? que pudieran obligar a desviar los objetivos de imparcialidad y legalidad de la justicia.
Por lo anterior, y en aras de que se descontamine de lo político, desde su punto de vista, lo que sucedió con la aprobación del Código Penal debe ser objeto de una aclaración contundente, con el fin de que el ordenamiento no quede expuesto a los amparos por supuesta inconstitucionalidad. Los diputados deben asumir su responsabilidad en ello, enfatizó.
ARGUMENTO
Existen actas y versión estenográfica
?No fue un trabajo que se realizó al vapor, fueron dos años de consulta que el Congreso del Estado llevó a cabo de manera conjunta con expertos en la materia, académicos, investigadores, litigantes, organizaciones sociales, colegios de profesionistas, autoridades, servidores públicos y la sociedad en general, quienes analizaron y discutieron el contenido del nuevo Código Penal?.
Así lo expresó el diputado Gabino Rutiaga, al reiterar que fue un error administrativo que se cubrió con la fe de erratas, y para lo cual están de prueba las actas y la versión estenográfica de las sesiones.
Y agregó que desde la iniciativa, hasta la aprobación del decreto, fue voluntad del Poder Legislativo establecer como delitos graves tanto a la sustracción de menores con fines de corrupción y tráfico de órganos, así como a la violación equiparada cuando recae en persona menor de 12 años o incapaz, pues no nos ?cabe duda de la magnitud y daño que se cometería por quienes lleguen a cometer tales ilícitos?.
