Si el más reciente, de la larga lista de desencuentros y confrontaciones entre el Gobierno Federal y la mayoría que conforma la oposición en San Lázaro, se pudiera caracterizar como una vulgar pelea de box en alguna plaza de pueblito, no habría más que reconocer que el round es para Vicente Fox. La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió ayer a trámite la controversia constitucional promovida por el presidente para aclarar quién puede hacer y quién no, sobre esa gigantesca manzana de la discordia que hoy significa el presupuesto de 2005 y sus ajustes... pero además ordenó suspender la ejecución de todas las partidas impugnadas.
Los ministros José de Jesús Gudiño Pelayo y Sergio Salvador Anguiano -contra el consejo de los más destacados constitucionalistas en nuestro país, Burgoa incluido- admitieron a trámite la controversia constitucional contra diversos actos derivados del Presupuesto de Egresos de la Federación que aprobaron los diputados y mientras la Corte recibe los argumentos de la Cámara de Diputados y analiza un asunto sin precedentes en nuestro país, esas asignaciones impugnadas que representan casi cuatro mil 200 millones de pesos, pues simplemente se quedan congeladas.
Sin entrar en esos complicados vericuetos constitucionales o de interpretación de cada línea en nuestra Carta Magna y mucho menos ponderar los detalles que a conveniencia de los gobernantes en turno surgen de vez en vez sobre la separación de poderes, el problema podría encontrar un símil en algún conflicto entre particulares en donde los tribunales deben dirimir la controversia al amparo de la Ley. Sin embargo, los actores de esta disputa no son dueños de una fábrica o vecinos en conflicto; se trata de quienes gobiernan al país.
La intervención de la Suprema Corte no es más que la resulta de la incapacidad de los principales actores políticos de despojarse de sus particulares intereses partidistas en aras de lograr acuerdos fundamentales. La mayoría opositora en el Congreso, evidencia además la inconveniencia en términos de gobernabilidad, de que en una nación democráticamente inmadura, el presidente de la República enfrente a un Poder Legislativo de oposición.
Sólo queda esperar que los mexicanos entiendan la lección y el voto que se emita en 2006 refleje algún aprendizaje.
