Hoy comienza en Juriquilla, Querétaro, la Convención Nacional Hacendaria. Sólo empieza. Siendo un proceso más que un acto, en vano se esperará de su reunión inicial, que termina pasado mañana, algo más que pautas para el desarrollo de los debates cuyas conclusiones serán conocidas en julio, al final de la convención. No se mida su desempeño y ni siquiera su naturaleza, sino hasta que haya cerrado sus sesiones.
Es un acontecimiento inédito. Su sola convocatoria es alentadora. Durante el siglo pasado se efectuaron tres convenciones fiscales, cuyos resultados han sido exhibidos como antecedente seguro de que serán magros los frutos de la reunión que hoy se inicia. Aquellas reuniones —efectuadas en 1925, 1933 y 1947— se limitaron a examinar un aspecto de las finanzas públicas, la relación entre los estados y la Federación respecto del cobro de impuestos. Se comprende que ésa fuera una preocupación central: en los dos primeros años, porque el país se encontraba en la fase de reconstrucción institucional, luego de la Revolución y después porque, provista la Presidencia de amplísimos poderes, pretendía entrar en una modernidad que abarcaba también al sistema tributario.
Pero los temas fiscales, los impositivos, son sólo una porción del vasto universo hacendario. Por eso la CNH se ocupará de siete temas: Ingreso, gasto, deuda, patrimonio, simplificación y modernización, transparencia y rendición de cuentas. Aunque su consejo directivo está compuesto sólo por autoridades, la participación en las discusiones tendrá tanta amplitud como lo quiera todo interesado. Adicionalmente, el sector empresarial se dispone a realizar una Convención Nacional de Contribuyentes. Quizá otras porciones de la sociedad sigan su ejemplo. Las reuniones que así se generen no serán redundantes ni excluyentes ni alternativas respecto de la Convención. Serán complementarias, porque corresponden al espíritu que define a la propia CNH: ser un espacio de amplio debate, técnico y político, sobre el dinero público. No habrá votaciones, pero sí búsqueda de consensos. Se anticipa que no serán pocos, ni irrelevantes.
Sus resultados se comunicarán al Congreso de la Unión. Quisquillosos en extremo y sin necesidad alguna porque repiten verdades de Perogrullo, no pocos legisladores han salido en defensa de una soberanía parlamentaria que nadie imagina vulnerar. Por supuesto que la Convención no suplirá al Poder Legislativo. Pero se espera que produzca una masa crítica de conocimiento y una ingente suma de acuerdos, que sin eliminar la discusión parlamentaria la faciliten.
Hasta ahora, los intentos de reforma en esta materia han naufragado en los fragorosos debates parlamentarios, en que tanto cuentan los méritos de las propuestas como su circunstancia política y electoral. El calor del combate legislativo dificulta y aun impide la discusión de fondo y propicia, porque sus resoluciones están sujetas a plazo fijo, la improvisación, por lo que las enmiendas de última hora suelen quedar contrahechas.
La Convención, en cambio, permitirá la ponderación de las posiciones en sus términos, sin que prive la gana de triunfar o el temor a la derrota. Aunque es inevitable —y sería contra natura pretenderlo— que los debates contengan un notorio ingrediente político, tendrá también amplio espacio la discusión técnica, ausente o expulsada cuando se trata de sumar votos en pro o en contra. Aunque se realizará con frecuencia en espacios académicos, el análisis y las propuestas que en ella se produzcan no hará de la Convención un congreso de especialistas (aunque se espera que lo haya en abundancia) sino de actores (y actrices) políticos que estén en una sola sintonía, la de encaminarse hacia la construcción de una política hacendaria de Estado, que se sobreponga a los requerimientos de la contingencia (o los canalice en vez de rendirse ante ellos).
El germen de esa idea brotó en la Universidad Nacional durante el último trimestre de 2002. Con la participación de las fundaciones de los tres partidos mayores, un grupo de trabajo auspiciado por la UNAM presentó al Congreso un documento recogido en amplia medida por la convocatoria a la Convención y titulado Principios, coincidencias y convergencias hacia una política hacendaria de Estado.
Algunos de los participantes en ese grupo interesaron a gobernadores priistas en el documento y en el seno de la Conferencia Nacional de Gobernadores se gestó el método para acercarse a esa política de Estado, que es la Convención. Su convocatoria es en sí misma un acto de civilidad política. El agrupamiento de los gobernadores suscitó inicial desconfianza en la autoridad federal, al punto de que los Ejecutivos estatales que militan en el PAN demoraron en incorporarse a la Conago, surgida como asociación de los perredistas, que luego creció con los procedentes del PRI. De las reticencias y aun desdén expresados por el presidente Fox a los gobernadores reunidos, el Ejecutivo federal pasó en buena hora a una política de plena colaboración en esta materia.
Para representarlo en el consejo directivo de la CNH, Fox designó a Fernando Elizondo, antiguo secretario de Finanzas de Nuevo León y gobernador por nueve meses en esa entidad. Su personalidad y su experiencia reflejan el sentido dual de la Convención, la suma del saber técnico y la sensibilidad política, alimentados recíprocamente, no pervertidos. Algo como eso esperarían los foxistas que estuviera presente, después, en Hacienda.
