“No está enfermo quien es diferente, sino la sociedad que lo reprime”.
María Rojo, para fraseando a José Ramón Enríquez
La enorme fuerza política de Andrés Manuel López Obrador en el PRD capitalino ha quedado de manifiesto en la decisión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de congelar la iniciativa de la Ley de Sociedades de Convivencia. Fue suficiente que el jefe de gobierno de la capital expresara su deseo de discutir más esa ley, o de someterla a una consulta pública —como si los derechos humanos se pudieran someter a votación popular—, para que los líderes perredistas de la Asamblea decidieran no presentar la iniciativa a votación en el pleno durante el período ordinario de sesiones concluido el pasado 30 de diciembre. De poco valió que la iniciativa haya surgido del propio PRD, que haya sido una propuesta de campaña de ese partido y que haya sido dictaminada por las comisiones de derechos y puntos constitucionales de la Asamblea Legislativa. De nada sirvieron las protestas de algunos legisladores perredistas importantes, como María Rojo. El hecho es que ha quedado demostrado que en la Asamblea Legislativa no puede pasar nada que no lleve la aprobación personal de Andrés Manuel. El rechazo de la Ley de Sociedad de Conveniencia no ha sido cabalmente explicado. Se ha hablado mucho acerca de que la aprobación de la ley podría tener consecuencias negativas en una posible campaña presidencial de López Obrador en el 2006. Se dice también que Andrés Manuel no se siente a gusto, por razones morales personales, con el contenido de la ley.
La verdad es que la única explicación pública que se ha dado es que hay que discutirla más. Esta iniciativa busca otorgarle derechos a las personas que deciden mantener una convivencia fuera del matrimonio o el concubinato tradicionales. Si dos ancianos toman la decisión de vivir bajo un mismo techo y apoyarse mutuamente, generarían derechos protegidos por esta ley.
Lo mismo ocurriría en el caso de las parejas de homosexuales. Es este último punto el que ha generado la controversia. Los grupos moralistas —y claramente hay perredistas entre ellos— consideran que la sociedad debe seguir cerrando los ojos a la existencia de relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Esos grupos se han aprovechado de los prejuicios del país para tildar la Ley de Sociedades de Convivencia como la ley del “matrimonio de homosexuales”. No hay ninguna razón, sin embargo, por la cual la sociedad deba prohibir el matrimonio o cualquier otro tipo de contrato o relación consensual entre adultos sin importar su sexo. Tampoco es aceptable que la sociedad impida a quienes optan por establecer una relación no tradicional el acceso a derechos similares a los que otorga el matrimonio.
No sólo es éticamente incorrecto que se discrimine a un grupo de la sociedad por sus preferencias sexuales —como ocurre con la actual legislación que rige las relaciones de pareja en nuestro país— sino que esa discriminación resulta inconstitucional. Después de todo, el artículo cuarto de nuestra Constitución prohíbe específicamente la discriminación por razones de origen étnico, religión o preferencia sexual.
Muchos de los miembros del PRD han asumido la posición éticamente correcta de apoyar la iniciativa de Ley de Sociedades de Convivencia. Lo han hecho con valentía, a sabiendas de que el temor a lo diferente hace que millones de mexicanos rechacen una propuesta identificada popularmente como la “legalización del matrimonio entre homosexuales”. Pero este valor de tantos perredistas no lo han asumido Andrés Manuel López Obrador y sus operadores en la Asamblea Legislativa, particularmente René Bejarano.
María Rojo, quien desde la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa ha mantenido la lucha por esta iniciativa a pesar de la línea llegada de las oficinas de López Obrador, merece un reconocimiento especial. Muchos políticos olvidan con demasiada facilidad por qué incursionan en la vida pública y empiezan a actuar más por propósitos políticos personales que por la defensa de sus principios. Yo he estado en desacuerdo muchas veces con las posiciones de María Rojo. Y seguramente lo estaré otras veces en el futuro. En este caso, sin embargo, no puedo dejar de aplaudirle su valerosa defensa de los derechos de una minoría de la sociedad frente a la conveniencia política de un grupo dentro de su partido.
Echeverría
La acusación en contra del ex presidente Luis Echeverría por crímenes cometidos durante la “guerra de sucia” de las décadas de 1960 y 1970 podría ser un parteaguas en la historia judicial en nuestro país. Habrá qué ver cuál es el desarrollo de este caso y qué pruebas se presentan de su participación directa en los crímenes del viejo Estado priista.
