La convocatoria prevé el desarrollo de los temas de Seguridad Preventiva, Procuración de Justicia, Administración de Justicia y Sistema Penitenciario.
09 de julio 2004.
Valle de Bravo, Méx., (Notimex).- La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) aprobó en su XVIII Reunión emitir la convocatoria para la Primera Convención Nacional sobre Seguridad y Justicia, cuyos resultados deberán traducirse en reformas legales.
El informe que en materia de seguridad dio a conocer el gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, señaló que esta convención tendrá como órganos de decisión un Consejo Directivo, Coordinación Técnica, Dirección Ejecutiva, cuatro mesas de Análisis y Propuestas, cuatro Comisiones Técnicas y una Comisión de Seguimiento.
Para la metodología de desahogo de los temas, la convocatoria prevé la realización de cuatro foros regionales en los que se abordarán los temas de Seguridad Preventiva, Procuración de Justicia, Administración de Justicia y Sistema Penitenciario.
A la instalación de los órganos de decisión se invitará al presidente Vicente Fox Quesada, a integrantes del Poder Ejecutivo Federal, del Congreso de la Unión y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Así como a representantes de las Legislaturas estatales y municipales, también a los procuradores estatales y los Tribunales de Justicia de las entidades federativas, sin descontar a las Comisiones de los Derechos Humanos nacional y estatales.
Y se espera que instalada la convención en 60 días puedan dar resultados concretos.
Sobre éste, que es uno de los acuerdos más sobresalientes de la reunión, el gobernador de Sonora sostuvo que una de las sedes de los foros de esta Convención sobre Seguridad y Justicia será el propio Estado de México, a petición del gobernador Arturo Montiel Rojas.
Para lograr el éxito de este esfuerzo, los mandatarios estatales se comprometieron a mantener firme su compromiso con el país y con sus gobernados para que surja de la Conago una propuesta de contribución a un mejor marco de administración y procuración de justicia aplicable en todo el país.
En su informe, el gobernador de Sinaloa, Juan S. Millán Lizárraga, en su calidad de presidente de la comisión respectiva señaló que "ya los mexicanos no quieren saber si tal o cual delito corresponde investigarlo o perseguirlo a tal o cual autoridad, quieren que se aplique la justicia y lo que marca la ley".
La sociedad no quiere saber de competencias, quiere saber de resultados. "Quiere que quienes anden intranquilos en las calles sean los delincuentes y no los ciudadanos", puntualizó.
