Aseguran autoridades de seguridad que van a convocar a diversas áreas de gobierno para presentar un plan integral para abatir la inseguridad, especialmente el secuestro.
16 de junio 2004.
México, (EFE).- Los poderes Ejecutivo y Legislativo acordaron convocar una "cruzada nacional", en la que participen las autoridades de diversos rangos, para combatir la inseguridad y la impunidad en que se encuentra sumido el país.
Por su parte el presidente Vicente Fox sostuvo una reunión extraordinaria con el Gabinete de Seguridad Nacional y pidió articular estrategias y mecanismos que permitan enfrentar "con mayor contundencia y eficacia conductas delictivas que impactan el ámbito federal, particularmente el secuestro", señaló la Presidencia en un comunicado.
Fox mantiene que aunque la criminalidad ha disminuido en México "esto no puede dar motivo para bajar la guardia o disminuir la atención respecto de estas conductas".
La reunión con los responsables de Seguridad Nacional de su Gabinete coincidió con una comparecencia conjunta de los secretarios de Seguridad Pública federal y capitalino, Alejandro Gertz y Marcelo Ebrard, con los legisladores, en la que se analizó una propuesta del diputado Gilberto Ensástiga para estudiar a fondo el problema.
"Les propongo convocar a una cruzada nacional, con el Ejecutivo, procuradores, Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), poder Judicial y Legislativo, para abordar los problemas de recursos y las reformas legislativas", señaló Ensástiga.
El ministro Gertz aceptó la propuesta y a comienzos de julio convocará al Consejo de Seguridad Nacional con el propósito de abatir los problemas más graves de la inseguridad nacionales.
Durante la comparecencia, Gertz afirmó que la dependencia a su cargo ha desarrollado una estrategia de prevención y control judicial en las principales zonas conflictivas del país entre ellas una que funciona en la red de carreteras.
"Con este sistema en Acapulco, Guerrero, ha disminuido en un 60 por ciento la incidencia de robo, mientras que en las ciudades fronterizas de Nuevo Laredo y Ciudad Juárez el robo de vehículos ha decrecido hasta en un 37 por ciento", precisó el ministro.
Señaló que el problema principal está en el sistema de aplicación de justicia que es muy deficiente por lo que el 70 por ciento de las víctimas no denuncian los delitos, además de que no se resuelven los casos
El funcionario aprovechó el marco del encuentro con legisladores para pedirles la unificación de criterios que se puedan aplicar en todo el país y para elaborar una ley de justicia cívica que privilegie la reparación del daño a la víctima y el trabajo comunitario.
Por su parte, Ebrad informó de que prepara un "plan integral" para tratar de unir esfuerzos y ser más efectivos en la lucha contra este delito.
"Vamos a convocar a diversas áreas de gobierno para presentar un plan integral antisecuestro, porque con que haya un sólo secuestro es grave. La Policía Preventiva tiene facultades exiguas por no decir inexistentes, para combatir este delito, como se lo dije a los diputados y senadores", señaló Ebrad.
El delito de secuestro pertenece al fuero común por lo que corresponde a las autoridades de cada estado combatirlo.
El próximo 27 de junio organizaciones civiles y empresariales han convocado a los ciudadanos a participar en una concentración civil "por la seguridad y la justicia", en repudio a la delincuencia y para exigir a las autoridades que acaben con ella.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), organismo que aglutina a las cúpulas empresariales mexicanas, anunció ayer que se sumará a la convocatoria, pues considera que la inseguridad es un freno para la inversión extranjera y que el gobierno de la capital no ha hecho lo suficiente para acabar con ella.
México es el segundo país, después de Colombia, con mayor número de secuestros al año a pesar de que ha descendido la cifra desde 1997, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.
Esta organización no gubernamental que depende de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), indicó a principios de este mes que entre 1997 y 2003 fueron secuestradas unas 4.000 personas en México, especialmente en los estados de México, el Distrito Federal, Guerrero y Michoacán, todos en el centro oeste del país.
