El presidente Fox y el secretario Abascal fueron abucheados por dirigentes cetemistas el lunes, cuando asistieron a la inauguración del decimocuarto congreso de la todavía mayor central sindical del país. Ya que la CTM era la anfitriona y los funcionarios sus invitados, es claramente contrario a las buenas maneras, a la urbanidad política el maltrato sonoro padecido por el Ejecutivo y su colaborador.
Pero esa descortesía (perteneciente a un género no infrecuente en las democracias y que en algunos momentos incluye pastelazos a gobernantes) es un asunto trivial, que para nada lastima la investidura presidencial.
La afecta, en cambio, el comportamiento inercial de Fox, que mantiene el apoyo gubernamental a los sindicatos verticales y autoritarios. Tal conducta era comprensible en lo que, no sin vana presunción llamamos el antiguo régimen (que conserva mayor vigencia de la deseable). La retórica gubernamental se refería al “compromiso histórico entre el Estado revolucionario y el movimiento obrero organizado”.
Ciertamente había lazos firmes entre el Gobierno priista y las agrupaciones que constituían su sector obrero. Tal relación había surgido en el nacimiento mismo del gran sindicalismo, cuando el presidente Cárdenas auspició la creación de la Confederación de Trabajadores de México que, con sus mermas y desviaciones, sigue siendo el eje formal del sindicalismo. Como hizo también al propiciar la fundación de la CNC, Cárdenas apoyó el surgimiento de esos instrumentos para su política de masas, que puso en práctica para desafiar el poder de los militares, de los caciques regionales y del Jefe máximo.
Pero durante su propio período y en mayor medida en los siguientes, los sindicatos y sus centrales (algunas de las cuales surgieron para debilitar al propio movimiento, según los intereses presidenciales) se convirtieron en correas de transmisión de las necesidades gubernamentales hacia los trabajadores, cuya libertad sindical menguó de más en más hasta llegar a la aberración de que las cúpulas gremiales respondieran más al Gobierno y los empleadores que a los asalariados, a los que presuntamente representaban tales dirigentes.
Además de mantener bajo control las demandas propiamente laborales, los sindicatos priistas eran un útil instrumento para la dominación electoral del Gobierno y su partido.
La mediación del sindicato petrolero en el peculado que llevó dinero público, de modo subrepticio, de Pemex al PRI en la campaña de 2000, fue un episodio sobresaliente en la historia de esa relación corporativista, en que las personas, los ciudadanos no contaban, pues la afiliación colectiva hacía miembros del partido oficial a miles de personas que ignoraban esa condición suya. Fue un episodio sobresaliente por conocido y fue conocido merced a la existencia de instituciones y condiciones diferentes de las tradicionales.
Pero no fue el único ni probablemente el de mayor importancia en el desarrollo del pacto de mutua conveniencia entre el Gobierno y el breve grupo de los dirigentes gremiales, eternizados en sus cargos.
Ya que el corporativismo sindical fue pieza clave en el sistema autoritario que tenía al Presidente en la cúspide, era claro que en la alternancia debía modificarse el ensamble entre esas piezas. Carente el Partido Acción Nacional de una política sindical, el candidato Vicente Fox se manifestó de acuerdo (el 27 de junio de 2000, sólo una semana antes de su triunfo electoral) con el documento titulado Veinte compromisos para la libertad y la democracia sindical, para el cumplimiento de los derechos individuales y colectivos y para la agenda laboral y el programa de Gobierno. Al aceptar los compromisos, Fox pidió a los promoventes del documento estar “seguros que desde el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo pugnaremos para realizar las medidas indispensables para asegurar el mejoramiento de las condiciones de vida de todos los trabajadores del país, junto a la vigencia plena de sus derechos sindicales y laborales”.
En vez de cumplir los compromisos, Fox adquirió innecesariamente otros con las corporaciones sindicales priistas. Aceptó las señales de vasallaje que le ofrecieron algunos de los más conspicuos representantes de la corrupción y el verticalismo sindical, como el ahora presidente del Congreso del Trabajo y líder de los ferrocarrileros, Víctor Flores. Y se sometió él mismo, en contrapartida, a los modos de operar de otros caciques sindicales, como Carlos Romero Deschamps y Elba Ester Gordillo.
A ella la reconoció como titular de la dirección real, sobrepuesta a la formal, en el SNTE y al dirigente petrolero le ha condonado las penas que le corresponderían por el peculado y el peculado electoral cometidos en su propio perjuicio (el de Fox). Y no es que nadie reclamara venganzas mezquinas, sino meramente la aplicación de la Ley a quienes robaron a Pemex por lo menos 1,580 millones de pesos y cuya ilegitimidad es aprobada con franca complicidad por las autoridades del trabajo.
Imposibilitado o sin ánimo para impulsar o admitir transformaciones de fondo en el sindicalismo, Fox tendría que mantenerse ajeno a la faramalla de los congresos y elecciones de las agrupaciones priistas. Sus antecesores eran jefes de los líderes que usurpan la voluntad de sus representados. Fox no lo es.
Bien que no quiera disputas con las cúpulas obreras. Pero no debe sacramentar sus reuniones y menos exponerse a que lo traten groseramente. Al hacerlo prorroga el corporativismo.
