Los casos de corrupción en la Policía Ministerial de Coahuila o “narcosobornos”, requieren un informe exhaustivo por parte del procurador Óscar Calderón Sánchez. Lo anterior en función de las declaraciones del Delegado de la dependencia en nuestra ciudad, que reconoce que hasta la fecha han sido dados de baja ocho elementos por haberse acreditado que recibían dinero del hampa a cambio de protección y disimulo.
El Delegado manifiesta que toca al Procurador decidir si se integra una averiguación a fin de seguir las causas a los elementos expulsados, que culminaría con la consignación del caso ante un Juez. El ejercicio de la acción persecutoria resulta obligado, por el solo hecho de que se haya encontrado causa suficiente para dar de baja a los involucrados y en cambio, nada justifica un eventual carpetazo.
Es importante que las cosas no queden en el trámite interno de la corporación y por el contrario, es necesaria una investigación externa que por tratarse de delitos contra la salud, corresponde a la Procuraduría General de la República. Lo anterior para deslindar responsabilidades respecto de mandos superiores que pudieran estar involucrados y así evitar que los policías cesados funcionen como chivos expiatorios.
El solo despido en el presente caso sin ir acompañado de una investigación satisfactoria y un castigo ejemplar, es sinónimo de impunidad. El cese no es suficiente para castigar la deslealtad de estos malos policías, pues sería visto como consecuencia insignificante y alentaría a otros elementos que por dinero, en el futuro tengan la alternativa de traicionar la confianza que en ellos se ha depositado.
