“Los que gobiernan ínsulas por lo menos han de saber gramática.”
Don Quijote (Miguel de Cervantes
Saavedra)
en cualquier empresa privada el éxito de un proyecto se determina contrastando los costos con los resultados concretos y medibles. A esto se le llama análisis costo-beneficio. Así no son las cosas, sin embargo, en el mundo de la política y de la diplomacia. Cuando se evalúe la Cumbre de las Américas en Monterrey, los costos no aparecerán por ningún lado, mientras que los resultados serán expresiones vagas imposible de medir.
A los gobernantes de todo el mundo les gustan las cumbres. En ellas tienen la oportunidad de departir con personas de su mismo nivel, cosa que no pueden hacer dentro de sus propios países donde, de una forma u otra, todos son sus inferiores. Las cumbres les dan también la oportunidad de presentarse ante los medios como estadistas de proyección internacional.
Sin embargo, a los ciudadanos comunes y corrientes —precisamente a quienes pagamos las cumbres con nuestros impuestos— no nos queda claro el beneficio real de estas reuniones. Ocasionalmente, es verdad, hay alguna que permite llegar a algún acuerdo importante. Pero la enorme mayoría se convierten en simples escenarios para discursos protocolarios e intercambios de posiciones ya conocidas.
Las reuniones cumbre tienen, sin duda, un costo muy elevado. Esto lo deberíamos saber los mexicanos, que en el actual Gobierno hemos sido anfitriones de tres cumbres de mandatarios —dos en Monterrey y una más en Los Cabos— y una ministerial, la de la Organización Mundial de Comercio en Cancún. Parecería que nuestro Gobierno ha descubierto que tiene enormes cantidades de dinero disponibles que deben usarse de alguna manera. Y qué mejor forma de hacerlo que montar fiestas fastuosas para una treintena o más de mandatarios extranjeros.
Hay quien opina, por supuesto, que no tenemos tanto dinero y el poco que hay debe usarse para resolver los más urgentes problemas de nuestro país. Para quienes así piensan es hiriente que México se haya convertido en sede de tantas y tan onerosas cumbres.
En las cumbres anteriores, cuando he publicado opiniones similares, nunca ha faltado algún funcionario que me diga que un Gobierno no puede estar “centaveando” el presupuesto de esa manera. Las cumbres le otorgan a nuestro país una ventaja intangible: estar en medio de las decisiones más importantes del planeta. México, me dicen, ha decidido retomar el papel que por derecho propio le corresponde en el concierto de las naciones; y este papel implica derechos pero también obligaciones. Quizá. Pero el hecho es que los políticos que han tomado la decisión de que México sea escenario de cuatro cumbres internacionales no están pagando los gastos de su bolsillo sino con dinero de los contribuyentes. Es significativo, de hecho, que cuando se dan a conocer los resultados de estas reuniones no se reconozca nunca el costo total: en viajes, hoteles, trabajo de avanzadas, medidas de seguridad, alimentos, espectáculos y muchos otros detalles más, no sólo para los jefes de Estado y de Gobierno sino para sus comitivas, personal de apoyo local, prensa y demás.
Una cumbre como la que estamos viendo ahora en Monterrey debe tener un costo para el erario de alrededor de 50 millones de dólares, sin contar el tiempo de los funcionarios que también pagamos los contribuyentes. Estoy seguro de que hay usos mucho más útiles en nuestro país para este dinero que la realización de cumbres internacionales.
Me pregunto por qué un presidente como Vicente Fox, que hizo campaña prometiendo romper con los viejos moldes del PRI, ha decidido en este tema regresar a los peores tiempos del antiguo régimen. Los intentos de protagonismo internacional del presidente Fox recuerdan a los que caracterizaron en su momento a Luis Echeverría y a José López Portillo. Sólo que éstos eran más modestos en sus pretensiones. López Portillo organizó una sola reunión cumbre, la Norte-Sur de Cancún en 1981. Fox ya lleva cuatro.
México no debe rechazar en automático ser anfitrión de reuniones cumbre. Pero lo menos que podría hacer el Gobierno es dar a conocer un informe de resultados que incluyese el costo total y pormenorizado de la reunión contrastado con los logros concretos y medibles. Esto es lo que cualquier asamblea le exigiría a la administración de una empresa privada. ¿No merecemos lo mismo los contribuyentes ante el gasto del Gobierno?
Este país
Por segunda vez en dos meses, por cuarta vez desde su creación, han sido asaltadas las oficinas de la revista Este País en la ciudad de México. Ojalá que fuera un hecho aislado. La verdad es que el costo que los robos le imponen a las pequeñas empresas como ésta es insoportable.
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