Los panistas no están dispuestos a cargar el costo político de promover iniciativas impopulares, aunque éstas sean desde la óptica del Gobierno Federal las correctas. En un contexto general de precampaña, con la sucesión presidencial adelantada, la bancada blanquiazul, encabezada por el diputado chihuahuense Francisco Barrio, decidió ordenar, prácticamente obligar, al presidente de la Comisión de Hacienda, Gustavo Madero, a desechar su propuesta de gravar con un cuatro por ciento a los alimentos.
Tal vez sabían que impulsar una Reforma Fiscal que incluyera el Impuesto al Valor Agregado a los alimentos y reducir la tasa general a 13 por ciento, era batalla perdida, sobre todo que los priistas dejaron en claro su férrea oposición a la medida. El PRI le apuesta al petróleo, a subir la expectativa de los precios internacionales a 27 dólares por barril y a incrementar el nivel del déficit público. El Gobierno Federal le apuesta a incrementar el nivel de recaudación y advierte que estaría dispuesto al veto si se impone el tricolor.
Dos posturas diametralmente opuestas y ambas condenadas al fracaso por la nula capacidad de llegar a acuerdos por la vía de la negociación, del consenso. El país se encamina hacia una coyuntura inédita –pero considerada en la Ley- la que por obra del veto presidencial, México amanezca el primer día de enero de 2005 sin acuerdos y por lo tanto, entre en vigor el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos de 2004.
Cabe destacar la postura de los panistas: ni siquiera darán la batalla para no perder oportunidades electorales. Con esto se fortalece la hipótesis de que en el fondo, los principales actores políticos del país, incluyendo a los del PAN, dieron por terminado el sexenio.
