Durante el mes de diciembre en que estuvo de moda hablar del Presupuesto de Egresos y la Reforma Fiscal, algunos de mis lectores me enviaron preguntas y opiniones sobre el papel de los legisladores y los políticos en las decisiones trascendentes para los mexicanos. Una de las inquietudes más comunes tiene que ver con el ?costo político? y la forma en que una sociedad puede lograr que sus legisladores y políticos trabajen en beneficio de la colectividad y no de unos cuantos. Esto, por lo general, no es sencillo.
Hay países donde, sin duda, la democracia resuelve en mejor forma que en México los asuntos delicados y complicados de la función pública. No obstante, en todas partes el proceso democrático adolece de fallas porque existen diferencias, en ocasiones muy significativas, entre los objetivos personales de los políticos y las metas de la población que los eligió. Los resultados económicos del ejercicio democrático pueden ser bastante mediocres cuando esas diferencias carecen del contrapeso de mecanismos de asignación de responsabilidades y rendición de cuentas.
Al respecto, es oportuno reflexionar sobre la teoría de la ?elección pública? o ?elección social?, una rama de la economía cuyo origen fue precisamente el estudio del gasto público y los impuestos y que culminó con un conjunto de planteamientos que han revolucionado la forma en que se ve ahora el papel que desempeñan los políticos, legisladores y burócratas.
Uno de los argumentos más socorridos de quienes favorecen la intervención del Estado en la economía, es hacer creer a la gente que los legisladores y el aparato burocrático de un país tienen como objetivo central la mejoría en el nivel de vida de la población. Esta apreciación no necesariamente es correcta, en especial cuando se ve bajo el lente de esta nueva teoría económica de la política.
El centro de este enfoque es suponer que los políticos y los burócratas son personas iguales a quienes nos dedicamos a actividades privadas, por lo que, tal como sucede con el resto de los mortales, se preocupan por obtener un beneficio personal, aún cuando sus acciones las disfracen bajo el nombre de ?bienestar nacional? o el ?interés público?.
El análisis de la función pública parte de los mismos principios que los economistas utilizamos para analizar las acciones de las personas en el mercado privado, sólo que ahora se aplican al comportamiento de los individuos cuando toman decisiones colectivas.
Cuando los economistas estudiamos el comportamiento de los individuos en el mercado privado suponemos que su motivación es el interés personal. Aun cuando algunas de las acciones de la mayoría de las personas se basan en un genuino sentido de preocupación por los demás, el motivo dominante en el comportamiento de la gente en el mercado, sea como empleadores, empleados o consumidores, es una preocupación personal.
Los que estudian la elección pública suponen, por tanto, que aún cuando la gente que actúa en el mercado político (electores, políticos, legisladores, o burócratas) en ocasiones lo hacen motivados por el bienestar de los demás, su principal incentivo es su interés personal.
Este enfoque se utiliza para examinar, entre otros aspectos, la actuación de los legisladores. Estos, aún cuando uno puede suponer que buscan el ?interés público?, en realidad se dedican a tomar decisiones respecto al uso del dinero de otros, no el de ellos. Es más, dichos recursos son proporcionados, voluntariamente o no, por los contribuyentes, quienes son los afectados por la interferencia gubernamental.
Aún cuando los políticos pudiesen tener la intención de gastar sabiamente el dinero de los contribuyentes, las decisiones que toman no les ahorran dinero a ellos, ni reciben una parte del que le ahorran a la población. En consecuencia, no tienen una recompensa directa por luchar contra los grupos de interés poderosos para conferir beneficios al grueso de los ciudadanos, que ni siquiera están conscientes de los posibles beneficios o perjuicios de las decisiones públicas, ni de quién se los confirió.
La realidad es que los incentivos para que nuestros legisladores trabajen en el interés público no existen o son muy débiles. Por el contrario, ellos responden más fácilmente a las presiones de los grupos de interés, quienes por lo general son organizados por personas que tienen una elevada probabilidad de obtener ganancias muy importantes, políticas o económicas, con las acciones gubernamentales.
En otras palabras, el comportamiento de los legisladores tiene muchas veces costos sociales considerables porque no sólo están mal informados de los asuntos económicos relevantes, sino que tienen además el poder de extraer, mediante mecanismos coercitivos, recursos de la población que destinan a los grupos de presión. Por otro lado, los electores no vigilamos de cerca su comportamiento ni tenemos manera de penalizarlos cuando sus decisiones no corresponden al interés general.
A la luz de estas consideraciones, si queremos entender el comportamiento de los políticos tenemos que evaluarlo no sólo por sus declaraciones en las que emplean hasta la saciedad el concepto del bien común, sino también en función de sus intereses personales y de los resultados de sus acciones específicas. Si queremos un mejor desempeño, necesitamos mecanismos más eficaces y transparentes de rendición de cuentas en función de las responsabilidades que tienen y las decisiones que toman. Mientras no tengamos esos mecanismos, seguiremos pagando las consecuencias económicas de la ignorancia y la irresponsabilidad legislativas.
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