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BOGOTÁ, COLOMBIA.- Aunque los indígenas son la más pequeña de las minorías étnicas de Colombia -apenas 700 mil entre 44 millones de habitantes-, se han erigido como una fuerza política y social con creciente influencia, atrincherada en la oposición al Gobierno del presidente Álvaro Uribe.
Sin más armas que unos bastones de madera, durante septiembre hicieron marchas por las rutas de Colombia para lograr la liberación de sus líderes secuestrados por la guerrilla y despertar la solidaridad interna y externa en torno a su reclamo de ser excluidos de la violencia que azota a sus comunidades.
Las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que han resistido todas las presiones de la comunidad internacional y de sectores locales para dejar en libertad a cientos de secuestrados, encabezados por la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, accedieron a la exigencia de los indígenas de liberar al alcalde de Toribío, Arquímedes Vitonás, y a otros cuatro dirigentes indígenas.
Cuando los indígenas marcharon hasta San Vicente del Caguán, tradicional bastión de las FARC, el alcalde fue liberado con la advertencia de que debía renunciar. “Tengo un compromiso sagrado con mi comunidad y no voy a renunciar”, manifestó el alcalde Vitonás al rechazar las presiones armadas. Prometió además “luchar por la paz a cualquier costo”.
Una semana después del epílogo feliz de este secuestro, unos 60 mil indígenas marcharon desde varios municipios del departamento del Cauca hasta Cali, la tercera ciudad de Colombia, en donde fueron recibidos con aplausos por su protesta pacífica y ordenada.
Su marcha sin precedentes estaba destinada a protestar por la violencia guerrillera y paramilitar. Afirman que registran más de 500 muertos, 180 desaparecidos y miles de desplazados de sus tierras en el último año.
“Queremos que los indios sean excluidos del conflicto armado por todos sus actores, incluyendo al Gobierno que con su política de seguridad democrática viola nuestros derechos y hace arrestos sin pruebas”, dijo Luis Evelis Andrade, presidente de la organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
Agregó que “las comunidades indígenas son autónomas -no neutrales- frente al conflicto, pues la experiencia histórica nos enseñó que la violencia conduce a nada”.
El líder indígena explicó que su condición de pueblos autónomos, con Gobierno y justicia propias garantizados en la Constitución, les ha permitido enjuiciar por igual a guerrilleros, paramilitares y oficiales del Ejército, que han sido acusados de cometer abusos y delitos en sus resguardos.
Uribe acusó a los indígenas de realizar las marchas con objetivos políticos, entre ellos generar un clima negativo al Tratado de Libre Comercio (TLC) que Colombia está negociando con los Estados Unidos.
Andrade dijo que el Congreso Indígena de Cali aprobó llamar a un referendo para que sea el pueblo quien rechace o apruebe el TLC que puede afectar sus vastos territorios, el 26 por ciento del total de las tierras del país. Anunció que se coordinará con otras fuerzas de oposición las movilizaciones en contra del TLC.
Otro de los objetivos políticos de los indígenas es oponerse a la reelección del presidente Uribe en 2006.
“No vamos a jugar a la reelección porque algunas de las políticas del Gobierno de Uribe son lesivas y excluyentes para los pueblos indígenas y porque sus negociaciones de paz con los paramilitares no garantizan justicia para evitar la impunidad ni reparación por los daños y el despojo de las tierras de los indios y campesinos”, manifestó el presidente de la ONIC.
Aunque los indígenas tienen cuatro congresistas y son bienvenidos en las fuerzas políticas de oposición de la izquierda, también entienden la realidad de hacer parte de sectores minoritarios.
“No es fácil que nuestros congresistas puedan materializar en leyes las iniciativas para solucionar nuestros problemas, y el conjunto de la oposición aunque es significativa, de todas maneras es una fuerza minoritaria”, dijo Andrade.
El movimiento indígena no descarta en el futuro convertirse en una alternativa de poder para participar con candidato propio en elecciones presidenciales, pero por ahora su prioridad es consolidar su poder regional que se extiende entre casi 600 resguardos que los hace los mayores propietarios de tierras en Colombia.
