El seguro popular carece de recursos para operar.
Tercera y última parte.
Comarca Lagunera.- Para el segundo visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, David Omar Sifuentes Bocardo, el Estado no ha logrado garantizar el derecho constitucional a la salud de la población mexicana, aunque muchos de los pasos tendientes a ello pueden darse sin la necesidad de invertir recursos económicos.
Uno de éstos es el trato en la relación médico-paciente, en el que sobre todo algunos organismos no gubernamentales están trabajando para hacer que se mejore.
Lo que se busca es que el médico deje de verse a sí mismo como el que impone los tratamientos, y cambiar esa percepción por la del “consentimiento informado”, es decir, que al paciente se le diga, en palabras comprensibles, el mal que le aqueja y las opciones que existen para atacarlo, de manera que sea él quien decida sobre una de éstas y que no necesariamente tenga que recurrirse a la intervención quirúrgica.
“Que los doctores ofrezcan la opción de que los pacientes busquen una segunda opinión, lo que normalmente les molesta”, refiere Sifuentes Bocardo.
El derecho a la salud está considerado como de segunda generación, que significa que el cumplimiento debe hacerse efectivo de manera gradual, porque si bien no se puede solucionar de un día para otro, se pueden adoptar medidas que a largo plazo garanticen a la población el acceso a estos servicios.
Aunque por parte de los altos funcionarios de Gobierno hay conciencia, no es la misma apreciación si el problema se revisa de abajo hacia arriba, pues los derechohabientes a las instituciones de salud no reciben la atención y tiempo que merecen de los médicos y el resto del personal, señala David Omar Sifuentes.
Curiosamente, expone, las quejas que se reciben ante este organismo no son por negligencia, sino por la atención deficiente y el mal trato de personal administrativo, de enfermería y de los propios médicos hacia los pacientes.
La situación se vuelve más crítica para quienes no tienen acceso a la seguridad social, dado que los servicios están más restringidos y porque los médicos de las instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) no cumplen con la obligación de atender a los enfermos en casos de extrema urgencia, si éstos no son derechohabientes.
Cuando se presentan estas situaciones, por lo regular los encargados de las instituciones pierden más tiempo en ver la forma de canalizar al paciente a otro hospital que en prestarle atención, aun cuando está de por medio la vida del enfermo.
Modificar el sistema
El sector empresarial coincide en la necesidad de comenzar a buscar medidas para salvar de la crisis a las instituciones de seguridad social, antes de que las consecuencias lleguen a ser funestas y el costo del aprendizaje de esta mala experiencia sea más alto.
Coinciden además en la necesidad de contar con un mayor número de instituciones, pues las que están en funciones ya no tienen capacidad de crecimiento, aunado a que las destinadas a atender a la población abierta no cuentan con presupuesto para ampliar los servicios.
A consideración del presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Delegación Torreón, Robert Stefanic Mery, una alternativa sería abrir el sistema de seguridad social a todas las clínicas y hospitales del país, en una especie de privatización en la que sean los propios derechohabientes quienes decidan dónde recibir atención.
La parte administrativa del Instituto Mexicano del Seguro Social continuaría operando, pero en el aspecto médico se generaría una competencia con el resto de las instituciones para brindar una mejor calidad en el servicio, porque las clínicas prácticamente “se pelearían por los usuarios”, refiere.
Para el presidente de Canacintra esto sería el “santo remedio” que diera fin a la burocracia y los conflictos sindicales del IMSS.
Y es que a su consideración, el problema en el IMSS no son los trabajadores “los médicos son los mismos que operan y atienden en las clínicas privadas”, sino el sistema bajo el cual opera, plagado de privilegios que durante décadas se concedieron al sindicato y el excesivo costo de las pensiones.
Este mismo sistema es el que obliga a los patrones a dar de alta ante el Seguro Social a sus trabajadores, aunque son raros quienes lo utilizan cuando se presenta alguna emergencia porque prefieren ir con los médicos particulares, por la pérdida de tiempo y mal servicio que se recibe.
Regularmente, dice Robert Stefanic, cuando se contrata un servicio y la respuesta no satisface éste no se paga.
“El mismo criterio debería aplicarse a la seguridad social de nuestros trabajadores, de manera que todos podamos elegir a nuestros proveedores de salud... atendernos donde mejor nos resulte, de acuerdo a las necesidades”.
Un cambio en el sistema permitiría además que las empresas se dedicaran a producir y se olvidaran de la presión a que están sumergidas, por las amenazas de multas y embargos que pesan en su contra por parte del IMSS cuando hay dificultades para cumplir con el pago de las cuotas.
“Quien está al frente no tiene la sensibilidad de entender que la crisis es a nivel mundial”, pues aunque los empresarios tienen la disposición de pagar no encuentran manera de llegar a un acuerdo con el Instituto para hacerlo conforme a sus posibilidades.
Que el Estado sólo gobierne
Si el estado ya no es competente para atender la seguridad social de la población, pues que sólo se dedique a gobernar y deje en manos de particulares la atención a la salud, considera el presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), Roberto Rodríguez Cruz.
En su opinión, deben dejarse a un lado intereses políticos “que es lo único que lo impide” para privatizar al IMSS y que haya una mejoría considerable en la atención a la salud de los trabajadores, quienes no rinden al máximo si se enfrentan a un padecimiento y además, a un servicio deficiente.
“Durante décadas el Seguro fue utilizado como la caja chica de los presidentes en turno, y a esto se debe que ahora no tenga ni para pagar las pensiones”, problema que detonará conforme se eleven las expectativas de vida de la población y sea una mayor cantidad de personas la que dependa de una pensión para subsistir.
Crear más clínicas
Las deficiencias en las instituciones y el aumento en las cifras de desempleados, han generado una saturación en las unidades médicas que atienden a la población abierta a bajo costo, lo que al decir del ex presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Delegación Torreón, Luis Cuerda Martínez, hace necesario que el Gobierno Federal se preocupe por crear más clínicas y hospitales que absorban esta creciente demanda.
Y aunque el Gobierno Federal se preocupó por crear el seguro popular, este programa carece de recursos para operar y no ha sido bien aterrizado.
La sobre carga que tienen las áreas de Urgencias en el IMSS o el ISSSTE, aunado a que las consultas médicas y otros servicios que se dan en plazos muy prolongados, hace que incluso los propios derechohabientes opten por atenderse en instituciones como el Hospital Universitario, la Cruz Roja o el Hospital General Torreón.
La creación de clínicas en la periferia podría contribuir a desahogar los hospitales de especialidad; incluso, en el caso del IMSS podría recurrirse a la subcontratación de los servicios médicos de manera externa, con los hospitales privados.
Aunque la creación de infraestructura vial y el crecimiento comercial y de las industrias obedece al crecimiento de la ciudad, la salud también es importante y es necesario que se den las condiciones para atender las demandas de una población en aumento.
Si en algún tiempo se pensó que las necesidades eran cubiertas con el Universitario, la Cruz Roja o la Secretaría de Salud, éstas ya son insuficientes conforme al crecimiento de la ciudad, además de que dichas instituciones no cuentan con el subsidio que requieren para seguir operando.
“En el caso del IMSS creo que el Gobierno debe hacer eficientes las áreas y destinar mayores recursos donde realmente se necesitan, y no canalizarlos todos al pago de las pensiones y de logros sindicales que tienen un alto costo”.
El adelgazamiento del Instituto sería viable si se toma en cuenta que hay gente que trabaja menos de lo que debería, existen puestos que se duplican y empleados que hacen el triple de lo que deberían.
En la actualidad, a las empresas les resulta más fácil contratar seguros de gastos médicos mayores que pagarle al Instituto, pues representa un fuerte gasto y no se recibe a cambio el servicio por el cual se paga.
Se estima que en el sector comercio, un 30 por ciento de los trabajadores recurren a la medicina privada y en la industria de la construcción es un diez ó 12 por ciento, principalmente en empleados de confianza.
