Agencias
MÉXICO, DF.- Los problemas en materia de competitividad no se resuelven con medidas transitorias como la reducción de tarifas eléctricas o bajar aranceles de insumos con países con los cuales no se cuenta con un Tratado de Libre Comercio, lo que se requiere es de dotar con mayor flexibilidad al mercado nacional, destaca el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
"Las recientes resoluciones del Ejecutivo de bajar las tarifas eléctricas tanto residencial como industrial, así como los aranceles de insumos no son una solución de largo plazo para el país en materia de competitividad, sino una medida de corto plazo que habrá de contribuir a tener mejoras transitorias...
"No basta con un decreto para mejorar el ambiente de los negocios, sino la liberación de los monopolios que mantiene el estado para aumentar la competencia y las empresa operen en condiciones de negocios donde se tengan precios de mercado como sucede en Estados Unidos", dice el análisis del órgano del sector privado.
Lamenta que en 2004 se haya fracaso en el intento de aprobar las reformas estructurales que el país con urgencia necesita, y estima que en los dos años que le restan al Presidente Vicente Fox puedan salir alguna de ellas.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado recuerda que mientras en otros países como Estados Unidos se habla de continuar flexibilizando la economía, en México sucede lo contrario con los monopolios públicos, ya que al mantenerlos, dice, se conservan los precios de los bienes administrados por el Estado en niveles superiores a los que se registran a nivel internacional.
"Esto hace que se deteriore el poder adquisitivo de los consumidores de manera continua, se resta competitividad y ganancias a las empresas y con ello se entorpece la generación de empleos", destaca.
El hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya admitido la controversia constitucional que promovió el Presidente Vicente Fox en contra de la aprobación del Presupuesto de Egresos para 2005 y de esta manera suspender el ejercicio presupuestal del 0.23 por ciento del gasto en lo que se resuelve la controversia, es un acto positivo, asegura el CEESP.
"Esta situación sin precedente implica el fortalecimiento de las instituciones del país, ya que al no haber acuerdo sobre el presupuesto entre el poder Ejecutivo y Legislativo, el tercer poder, el Judicial, dará una solución que no paralizará las operaciones y la situación económica del país.
"La determinación sentará un precedente ya que en lo sucesivo este tipo de divergencias deberán de tener una solución consensuada y no impuesta por los intereses de partido", concluye.
