Integrantes del Comité 68 Pro Libertades Democráticas dijeron que Fox se aventuró al proponer una Comisión de la Verdad para aclarar los hechos de 1971, ya que se caería en una condición de impunidad aceptada.
01 de septiembre 2004.
México (SUN-AEE).- La propuesta del presidente Vicente Fox de crear una Comisión de la Verdad, en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva que el delito de genocidio prescribió, son declaraciones “hechas a la ligera y sin fundamento”, pues se propiciaría impunidad y sería ir en contra del orden jurídico internacional.
Así se pronunciaron integrantes del Comité 68 Pro Libertades Democráticas, en torno a las declaraciones del Mandatario, durante una entrevista que concedió al periódico The New York Times, en las que planteó una alternativa al hecho de que la Corte resuelva que los hechos del 10 de junio de 1971 no pueden ser juzgados.
Al respecto, a través de un comunicado firmado por Raúl Álvarez Garín y Félix Hernández Gamundi, se critica seriamente la posición de Fox, ya que consideran que “es inadmisible que el presidente desestime las graves implicaciones nacionales e internacionales de una violación flagrante a disposiciones expresas, y pretenda encubrirla y sustituirlas con una Comisión de la Verdad”.
Destacan que dicha Comisión carecería de facultades jurídicas para penalizar a los responsables de los crímenes y que se enfrentaría a las mismas dificultades institucionales, “como la negativa a abrir plenamente los archivos correspondientes que permitirían reconstruir paso a paso las acciones de gobierno que se reconocen como ilegales y criminales en varios casos específicos”.
El Comité indica que “si el presidente Fox sabe o tiene alguna duda, sospecha o tiene información en el sentido de que la Suprema Corte podría dictaminar en sentido favorable a los acusados con criterios falsamente legales, en todo caso tiene la obligación de poner en juego su autoridad política como jefe de Estado y responsable también de la procuración de justicia”, para dar cumplimento a los tratados internacionales suscritos por México.
Indicaron que cualquier resolución judicial que determinara que el genocidio prescribió “colocaría a México en una situación de desacato puntual y específico al orden jurídico internacional, que nuestro país ha venido construyendo y suscribiendo desde 1948”.
Consideran que si se declara prescrito el genocidio y se diera paso a la solución planteada por Fox, “caeríamos en una condición de impunidad aceptada y avalada por el "gobierno del cambio", dejando a la sociedad de nuevo temporalmente en condiciones de indefensión jurídica interna”.
El comunicado concluye que “como en ocasiones anteriores, el presidente Fox vuelve a incurrir en la práctica de expresar opiniones ligeras y sin fundamento, lo que conduce a juicios políticos de calificación sobre sus intenciones.
La gravedad de estos asuntos radica en que podríamos estar muy cerca de un colapso generalizado del sistema de justicia del país, lo que equivaldría a una crisis de Estado”.
