Reacción|”Se encuentra en una situación donde es juez y parte”
EL SIGLO DE TORREÓN
Califican posición de Jiménez Saracho como incómoda para la administración de Anaya.
TORREÓN, COAH.- La posición del Director de Desarrollo Urbano, Eduardo Jiménez Saracho, dentro de la administración municipal de Guillermo Anaya es incómoda y cualquiera pudiera pensar que incurre en tráfico de influencias precisamente porque cayó en una situación en que “es juez y parte”. No hay duda de la solidez de su empresa y del volumen de trabajo que le contratan, por lo que no es comprensible que por un sueldo de 40 mil pesos, tenga que estar en situaciones polémicas, considera el presidente del Centro Empresarial de La Laguna (Coparmex), Arturo Gallegos Salcido.
El también presidente de Transparencia Municipal dice que la solución es muy sencilla, “nosotros le dijimos al constructor, Darío Jiménez Berumen, cuando era consejero del Simas y que participaba en las licitaciones, la situación tal vez legal, pero ciertamente irregular y él tomó la decisión de abandonar el Consejo de Administración a fin de atender cabalmente su empresa y sus contratos”.
Desde el punto de vista del empresario, no hay duda de la moralidad y solidez de la empresa del funcionario público, pero es un hecho que como empresario, lógicamente ve las cosas de manera diferente a que si únicamente fuera servidor público y en este caso hay una especie de dualidad.
“Tal vez lo más razonable para Jiménez Saracho sea reflexionar qué es lo más conveniente en lo profesional y hasta en lo particular en función del desgaste y cuestionamientos que lógicamente se pueden dar en su papel de funcionario público y plantearse si vale o no la pena”, dice el dirigente empresarial.
El hecho de que como titular de Desarrollo Urbano sea quien otorga las licencias de uso de suelo y de construcción para empresas que luego les atiende la urbanización con su empresa, puede “alimentar la imaginación de cualquiera”.
Para Arturo Gallegos el papel de Eduardo Jiménez Saracho como titular de Desarrollo Urbano y al mismo tiempo como constructor, es un conflicto de intereses que más que con la legalidad, tiene que ver con la ética y con las formas que deben seguirse en un terreno tan delicado como la función pública.
Es realmente una situación muy vulnerable y de discusión inagotable porque mientras para algunos, no riñe con lo que dice la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, es un hecho que puede dar pie a infinidad de suposiciones y señalamientos públicos.
Además de lo anterior, Arturo Gallegos destaca que los cuestionamientos no son solamente para el funcionario, sino para el Gobierno Municipal.
Respaldan a funcionario
El secretario del Ayuntamiento, Alfonso Tafoya Aguilar, declina opinar sobre si el titular de Desarrollo Urbano, Eduardo Jiménez Saracho, pudiera incurrir en tráfico de influencias al autorizar licencias de uso de suelo y de construcción a empresas a las cuales les trabaja como urbanizador.
Afirma sin embargo que esta administración municipal tiene lo que no han tenido otras, profesiona-les en materia de obra pública y urbanismo y eso no está a discusión.
En este contexto, avala el trabajo como funcionario público de Eduardo Jiménez Saracho y destaca que ha trabajado con profesionalismo y apegado a los cánones legales.
Dice que el hecho de contar con gente profesional en el Gobierno, habla del perfil que se buscó para desempeñar un trabajo de calidad y de acuerdo a la Ley, de manera que la actividad empresarial es muy independiente.
“Eso es finalmente lo que interesa al partido y a la administración municipal, servidores públicos que se comprometan con su trabajo de manera honesta y profesional”.
Desde su punto de vista, no se genera ningún conflicto de intereses por el hecho de que Eduardo Jiménez Saracho sea el director de Desarrollo Urbano, a la vez constructor y que le realice trabajos a las empresas que hacen trámites en la dependencia a su cargo.
