Aumentar sanciones a ?graffiteros? y ?farderos? no resuelve nada, dice el presidente del Colegio de Abogados.
EL SIGLO DE TORREÓN
TORREÓN, COAH.- Aumentar la penalidad para quienes incurran en ilícitos como el ?graffiti? o el ?farderismo? no resolverá el fondo del problema y al contemplar dichas figuras delictivas únicamente se está redundando en algo que ya está contemplado por la Ley.
Alfredo Miranda Castillo, presidente del Colegio de Abogados de La Laguna, Asociación Civil, (CALAC) opinó que los legisladores ?no están inventando el hilo negro? y ni siquiera están contribuyendo a combatir de manera frontal dichas manifestaciones delictivas, después de anunciar que la Comisión de Gobernación aprobó las modificaciones al Código Penal y de Procedimientos Penales para aplicar sanciones más severas en esos aspectos.
Refirió que sin necesidad de redundar, a los ?graffiteros? debe castigárseles de acuerdo con el Artículo 435 del Código Penal del Estado de Coahuila vigente, el cual tipifica el delito de daños y establece una penalidad de un mes a seis años de prisión y multa a quien por algún medio cause daño a una cosa ajena o propia en perjuicio de un tercero.
En este sentido, la práctica del ?graffiti? se interpreta como un daño al patrimonio a través de la pinta de bardas o bienes muebles.
En cuanto a la figura del ?farderismo?, ésta corresponde al Artículo 410 del mismo Código, en el cual se señala que comete robo quien con el ánimo de apropiación se apodera de una cosa mueble ajena, sin derecho y sin consentimiento de quien legítimamente pueda disponer de ella.
Miranda Castillo consideró muy válido que los organismos empresariales, en este caso los que representan al comercio organizado, hayan solicitado la intervención de los diputados para darle más severidad a las penas para quienes incurren en estos hechos delictivos, por ser los directamente afectados.
Sin embargo, la labor de los legisladores debe abocarse más a resolver de fondo los problemas sociales y no a crear nuevos delitos que ya figuran dentro de la Ley y con lo que sólo se busca intimidar a la comunidad.
En este sentido, el presidente del CALAC consideró que el origen de ambos ilícitos es la pobreza y la falta de educación, los cuales no se pueden abatir por decretos ni leyes.
?Los jóvenes están demandando oportunidades para acceder a la educación y tener fuentes de empleo, pero los gobiernos no se están preocupando por generar las condiciones propicias para ello?, refirió.
De hecho, la legislación contempla infinidad de delitos que en la práctica no se sancionan en la forma que deberían, como el hecho de conducir en estado de ebriedad; aumentar las penalidades únicamente servirá para incrementar la población de los centros penitenciarios.
Pérdida de tiempo
Como una pérdida de tiempo calificó el presidente de la agrupación de abogados, Alfredo Miranda Castillo, la propuesta que se analiza en el seno del Congreso del Estado para cambiar el nombre del Distrito Judicial de Viesca por el de Distrito Judicial de Torreón.
Aunque consideró que sería ?bonito? y le podría dar identidad al Gobierno local, el cambio de nombre no llevaría a ningún lado si la esencia de las instituciones sigue siendo la misma.
En este sentido, el presidente del CALAC hizo referencia a la necesidad de que también se transforme la estructura y la sustancia de las instituciones.
Torreón necesita de una mayor cantidad de juzgados de primera instancia, además de dotar de más personal a los que ya existen para abatir el enorme rezago que padecen.
Hace falta que se modernicen los sistemas de consulta de expedientes, listas y archivos por medio de Internet, toda vez que hasta ahora el Poder Judicial no ha brindado el servicio de manera gratuita, que permita que los abogados postulantes realicen la consulta a través de la red, sin necesidad de acudir al Palacio de Justicia.
Miranda Castillo consideró como algo triste el hecho de que sea una empresa particular la que esté brindando este servicio a la abogacía con un costo determinado, cuando el Poder Judicial tiene la obligación de proporcionarlo de manera gratuita pero no lo ha llevado a cabo, pese a toda la modernización de la impartición de justicia a que se hace referencia.
El representante de la agrupación consideró ante ello que la labor de los diputados locales es motivada por intereses políticos más que los de beneficiar a la colectividad; no trabajan centrados en los problemas que realmente son importantes para la comunidad y ni siquiera la toman en cuenta para sus determinaciones.
Los legisladores cometen el error de autoaumentarse sus ingresos cuando ni siquiera justifican esas percepciones tal altas, lo cual se puede probar con la calidad y el nivel de iniciativas que están promoviendo.
