México, (SUN-AEE).-Recursos por 30 millones de pesos forman parte del Fondo para la Indemnización para las Víctimas de los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, que comenzará a operar en 2005 y se integró con recursos de los Gobiernos Federal y del estado de Chihuahua.
Mario Ignacio Álvarez Ledesma, subprocurador de Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito de la Procuraduría General de la República (PGR), informó así sobre los avances de los trabajos que iniciaron en enero de este año, con la creación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua, que encabeza María López Urbina.
Al respecto, el funcionario federal indicó que a la fecha la fiscalía ha revisado 155 expedientes de homicidios de mujeres, de casi 300 que se han integrado a lo largo de una década, determinando los casos que deben ser atraídos por el Ministerio Público de la Federación y los que deben continuar en el ámbito del fuero común, las diligencias que faltan por hacer y qué líneas de investigación podrían explotarse.
Como parte de este análisis jurídico de las averiguaciones previas abiertas y los procesos penales relacionados con los feminicidios, el subprocurador destacó que a lo largo de 2004 se detectaron graves irregularidades cometidas por servidores públicos de la Procuraduría de Justicia del estado de Chihuahua, por lo que se remitió la información a las autoridades estatales para que investigaran y fincaran cargos penales o administrativos a los presuntos responsables.
Álvarez Ledesma adelantó que en breve el gobierno de Chihuahua dará a conocer las primeras acciones en contra de los servidores públicos del fuero común que incurrieron en graves omisiones en su actuación para esclarecer los homicidios.
La PGR detectó incluso que no se practicaron peritajes básicos en los casos de asesinatos, se perdieron evidencias, no se preservaron las escenas del crimen, no se efectuaron diligencias para identificar a víctimas, y en algunos casos ni siquiera se requirió a testigos clave de los casos para que declararan.
Como parte del registro que elabora la PGR, indicó el funcionario, el grupo de investigadores ha localizado con vida a ocho de las presuntas víctimas, quienes en su mayoría abandonaron sus hogares por problemas de violencia intrafamiliar.
