La celebración del foro sobre las presas del Río Aguanaval llevado a cabo el lunes pasado a convocatoria de la Coparmex Laguna, constituye un precedente positivo de participación cívica, que en el caso concierne a la regulación de las aguas broncas de dicho río comarcano. Lo anterior es parte de un ejercicio en las relaciones entre poder público y sociedad civil, que debe ser asumido con agilidad, mente abierta y ánimo sereno.
En el debate campean posturas diversas; la que apoya la construcción de las presas por considerarla benéfica en orden al aprovechamiento de las aguas y la que impugna la obra por estimarla lesiva para el medio ambiente. Una tercera posición sugiere una presa de infiltración que asegure la recarga del acuífero y que a la vez, regule las crecientes que suelen provocar inundaciones intermitentes y consecuentes daños.
Llama la atención entre las voces que se escuchan en el foro, la del Consejo Lagunero de Iniciativa Privada que en tono inusual exige: “El Gobierno Federal tiene que hacernos caso”, lo que implica una conclusión predeterminada y forzosa del diálogo. La expresión amerita ser acotada, pues no se entiende que las partes se sienten a la mesa de análisis con la idea previamente concebida de imponer un criterio.
La prolongación indefinida del debate sobre el tema, indica que es hora de llegar a conclusiones y obrar o no en consecuencia en el menor tiempo posible. En caso de duda grave, valdría la pena empezar por construir la presa controladora y en vista a resultados, tomar la decisión de construir la almacenadora por la que se inclinan agricultores de San Juan de Guadalupe, como legítimos interesados en el proyecto.
