EL SIGLO DE TORREÓN
GÓMEZ PALACIO, DGO.- En opinión de Hugo Ramírez Medina, agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la ciudadanía debe conocer e identificar las irregularidades que suelen presentarse en los procesos de elección.
El funcionario explicó que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales como un órgano de la Procuraduría General de la República, tiene como función perseguir e investigar delitos electorales, pero además debe prevenirlos.
“Una de las funciones en las que se ha estado poniendo mucho empeño es la de tratar de prevenir el delito celebrando convenios con los institutos estatales electorales y procuradurías generales de justicia para efecto de llevar una serie de pláticas”.
El objetivo es tener un acercamiento con la ciudadanía en general para que conozcan los delitos electorales y tratar de inhibirlos. Las conferencias se llevan a cabo en todo el Estado a consecuencia del próximo proceso electoral.
Según el funcionario uno de los principales delitos que se cometen durante los procesos electorales es la utilización de bienes y servicios que forman parte del patrimonio del Ayuntamiento, situación que varía dependiendo de los Estados.
“Suelen utilizar los vehículos del Ayuntamiento para apoyar algún partido o candidato, hasta ahora no tengo conocimiento de que en Gómez Palacio se den estos hechos porque tengo dos días de estar en la ciudad”.
Ramírez Medina señaló que el apoyo de los presidentes municipales a los candidatos es un delito electoral, en consecuencia son importantes las actividades como las conferencias porque permiten a la ciudadanía conocer e identificar irregularidades en los procesos.
“Estamos en una etapa de democratización y todos debemos estar inmersos en ella, lo principal es que debemos pensar muy bien a quién le vamos a dar nuestro voto, a qué partido o personal, no permitir que influyan en nosotros mediante promesas o compra de votos”.
La Fepade investiga y persigue ante los tribunales los delitos electorales, pues con actitudes antijurídicas lesionan la certeza y legalidad de los procesos de elección. La Ley sanciona con multas y penas privativas de la libertad que pueden ir desde los tres meses hasta nueve años.
