Ante la grave situación de inseguridad que flagela al país, el reclamo es general. Hacen falta acciones y decisiones. Empresarios y organismos civiles convocan a una cadena de marchas el domingo. Dos hechos aislados ocurridos el mismo día, en diferente sitio, permiten una lectura del fenómeno:
El martes por la mañana, en Tijuana, dos sujetos acribillan al periodista Francisco Ortiz Franco. En una acción premeditada y sin piedad, el editor es ejecutado delante de sus hijos: una niña de ocho años y un niño de diez. Es el tercer atentado mortal que sufre personal del semanario al que pertenecía la víctima.
Casi al mismo tiempo, la Procuraduría General de la República da a conocer la captura de una banda de secuestradores integrada por elementos de élite de la Secretaría de Seguridad Pública de la capital. Allí salta una paradoja interesante: con el argumento de ser periodista, el líder de la banda había convencido a las autoridades de que se le asignara protección, pues aseguraba recibir constantes amenazas de plagio.
A tal punto llegan los contrastes que en México tenemos mafiosos con escolta del Gobierno y ciudadanos expuestos a ser secuestrados por quienes deberían protegernos. Es cierto, se necesitan medidas tajantes en los tres niveles de Gobierno, pero el análisis de estos dos casos nos deja en una encrucijada inevitable: ¿Cuáles acciones deben ser éstas?
Ante quienes proponen endurecer el castigo a los delincuentes, muchos responden lo que José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos: es una “vacilada” que nada resuelve. Los castigos se han aumentado una y otra vez, pero la situación no cambia.
“La pena de muerte” -sugieren otros- y de inmediato saltan razones en contra: primero habría que abatir la corrupción y la impunidad, pues se corre el riesgo de ejecutar a inocentes. Entonces, antes de lograr reformas en el sistema Judicial se vislumbra un debate largo y espinoso que podría quedar congelado.
Las marchas del domingo han sido respaldadas por el Presidente, por el Congreso de la Unión y hasta por la Iglesia. Reconocen que la población tiene derecho a manifestar sus inquietudes. En este marco de impunidad, la protesta es una suerte de catarsis nacional que deja una pregunta en el ambiente: ¿después de la marcha, qué sigue?
