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MÉXICO, DF.- El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) anunció que interpondrá un amparo y de ser necesario una controversia constitucional si en el Congreso se aprueban las reformas a la Ley del IMSS propuestas la semana pasada.
Roberto Vega Galina, dirigente de esa agrupación gremial, dijo en conferencia de prensa que utilizarán todos los recursos legales a su alcance -incluyendo la huelga y movilizaciones- para frenar lo que llamó “la ofensiva de todo el Estado, en especial, del Poder Legislativo.
Esta campaña en contra del gremio, precisó, va dirigida a cancelar todo el derecho a la contratación y negociación colectiva de todos los trabajadores del país”.
Acompañado por los abogados Néstor De Buen y Arturo Alcalde, Vega Galina subrayó que el sindicato está en su derecho de oponerse, pues no puede aceptar una reforma anticonstitucional enmarcada en una campaña publicitaria para engañar a la opinión pública, falseando y manipulando información sobre la crisis financiera del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de su régimen de jubilaciones y pensiones.
En la sede del sindicato, a donde asistieron los miembros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), como el encargado de la Secretaría de Acción Política, Francisco Javier López, acordaron conformar “un frente” con otras organizaciones sociales para “defender con todo la legalidad, el derecho laboral, la contratación colectiva y la seguridad social”.
Al respecto, Vega Galina informó que el próximo viernes las 37 secciones sindicales en todo el país, realizarán sendas marchas en contra de la iniciativa de reforma laboral.
En el Distrito Federal, precisó, participarán también organizaciones integradas a la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y partirán a las 16:00 horas dos contingentes del Monumento a la Revolución y de la sede del IMSS (en Paseo de la Reforma) al zócalo, en donde realizarán un mitin.
Por otro lado, los abogados laboristas, Néstor De Buen y Arturo Alcalde, coincidieron en que la iniciativa de reformas, violenta la contratación colectiva, la cual está amparada constitucionalmente.
Además impone a quienes vayan a laborar en el futuro en el Seguro Social, la obligación de aportar la totalidad de los recursos necesarios para crear las reservas de un fondo especial, al cual no aportarán nada el IMSS ni el gobierno federal.
Vega Galina rechazó que se quiera responsabilizar a los trabajadores de la crisis del instituto, pues ésta se ha generado por la incapacidad del modelo económico actual para crear empleos, hacer crecer los salarios e incorporar a toda la población al sistema de seguridad social.
Señaló que ante la mala administración, en el pasado, de los fondos de pensiones de los trabajadores del país, nunca fueron creadas las reservas financieras que debían soportar el gasto actual de la nómina de jubilados y pensionados.
El dirigente sindical planteó que para una solución efectiva la conflicto, tanto el sector patronal, el laboral y el gobierno, deben reconocer que existe una duda financiera con el RJP, no imputable a la voluntad y responsabilidad de los trabajadores, y aceptar, entre otras cosas, que el financiamiento de los fondos de pensiones provienen de las aportaciones tripartitas que establece la ley del Seguro Social y de las contribuciones acordadas bilateralmente.
