Si el máximo tribunal ratifica lo obrado en las dos instancias anteriores, el militar retirado enfrentaría su segundo juicio en Chile.
Santiago de Chile, (EFE).- El fallo de la Corte Suprema de Chile sobre el recurso de amparo con el que la defensa del ex dictador Augusto Pinochet trata de anular su procesamiento por crímenes de la Operación Cóndor se conocerá la próxima semana.
Según dijeron hoy fuentes judiciales, el aplazamiento de la resolución se debió a que dos de los cinco jueces de la II Sala Penal, que tiene el caso a cargo, están con permiso administrativo y se encuentran fuera de Santiago.
El recurso de amparo fue rechazado hace una semana por la Corte de Apelaciones de Santiago, que de ese modo confirmó el dictamen del juez Juan Guzmán Tapia, que en primera instancia procesó a Pinochet como autor de nueve secuestros y un homicidio calificados en el marco de la Operación Cóndor.
Con ese nombre se conoce la coordinación que hubo en los años 70 entre las dictaduras militares de los países del Cono Sur para eliminar a opositores.
Si la próxima semana, el máximo tribunal ratifica lo obrado en las dos instancias anteriores, el militar retirado enfrentaría su segundo juicio en Chile por violaciones de los derechos humanos y un eventual arresto, del que se podría librar sólo por otra decisión del juez Guzmán y en atención a su avanzada edad.
Si el recurso de amparo es acogido, Pinochet quedará libre de este proceso al igual que en julio de 2002, cuando la Corte Suprema resolvió sobreseerlo por "demencia vascular irrecuperable", en el juicio por los crímenes de la "Caravana de la Muerte", perpetrados tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973.
Pinochet fue también despojado el pasado 2 de diciembre de su inmunidad como ex gobernante (1973-1990) en un proceso sobre corrupción y que lo vincula a millonarias cuentas secretas descubiertas en el Riggs Bank de Estados Unidos.
El monto de estas cuentas, por 4 y 8 millones de dólares, no fue incluido en la declaración de impuestos del ex dictador chileno.
El caso, que investiga el juez Sergio Muñoz, originó dos querellas contra Pinochet, una por enriquecimiento ilícito que entablaron abogados y otra del Servicio de Impuestos Internos (SII) por fraude al fisco.
El pasado fin de semana trascendió en la prensa local que el SII evalúa extender la querella por evasión de impuestos a la esposa e hijos del ex dictador.
La decisión del máximo tribunal de postergar la divulgación de su fallo sorprende a Pinochet descansando en su casa después de que fuera dado de alta el pasado día 22, tras sufrir un accidente cerebrovascular con pérdida de conocimiento que lo mantuvo varios días internado en el Hospital Militar de Santiago.
Los allegados al ex dictador, de 89 años, aseguran que estuvo muy cerca de la muerte y que probablemente no resistirá otro ataque similar.
Lucía, la hija mayor del ex comandante en jefe del Ejército, afirmó que debido a la gravedad del estado de su padre, el mismo día que ingresó al Hospital Militar -el sábado 18 de diciembre- recibió la extremaunción, aunque su secretario privado, el ex general Guillermo Garín, desmintió que así fuera.
Sin embargo, abogados de derechos humanos y querellantes afirmaron que la enfermedad de Pinochet "era un montaje" para no responder ante los tribunales de justicia por su responsabilidad en las violaciones de los derechos humanos.
En ese contexto, el diario La Tercera reveló el domingo que el Gobierno y el Ejército chileno preparan el funeral de Augusto Pinochet en caso de un desenlace fatal, actualizando un plan diseñado hace algunos años.
Según el diario, no habrá honores de Estado para el ex dictador (1973-1990), el Gobierno no decretará duelo oficial y el presidente Ricardo Lagos no asistirá a las exequias.
La defensa de Pinochet ha alegado su deteriorada salud para tratar de anular su procesamiento, enfatizando que su estado físico y mental no le permite afrontar un juicio.
Cuando presentó el recurso ante la Corte Suprema, el abogado Pablo Rodríguez, principal defensor del ex dictador, afirmó incluso que en caso de ser rechazado el recurso y conformado el procesamiento, su cliente podría morir.
La represión durante la dictadura de Pinochet dejó más de 3.000 muertos, de ellos 1.197 detenidos desaparecidos, según cifras oficiales.
