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Demanda Estados Unidos a compañías tabacaleras

Acusa el Gobierno norteamericano a los fabricantes de mentir sobre riesgos para la salud.

EFE

WASHINGTON, EU.- El Gobierno de EU acusó ayer a las principales tabacaleras del país de mentir durante 50 años sobre los efectos del tabaco en la salud, en la apertura del juicio en el que busca compensaciones por 280 mil millones de dólares.

Un triunfo del Gobierno en este juicio podría traducirse en la bancarrota de las tabacaleras acusadas, ya que el valor de las empresas es inferior a la indemnización reclamada.

El proceso comenzó con la presentación de argumentos de la acusación, que se prevé que dure toda esta jornada, con demoledores ataques a las principales tabacaleras estadounidenses por “su presunta conspiración para crear dudas acerca de los vínculos entre los cigarrillos y el cáncer”.

“Este caso es acerca de 50 años de distorsión, medias verdades y mentiras”, precisó el fiscal Frank Marine, al recordar una reunión que mantuvieron los ejecutivos de la industria del tabaco en el hotel Plaza de Nueva York en 1953.

Según los abogados del Gobierno, en esa reunión la industria tabaquera adoptó estrategias para promover el consumo de los cigarrillos sin decir la verdad sobre sus efectos nocivos en la salud.

Posteriormente, en 1964, el director general de Salud de EU emitió un informe clave en el que detalló los riesgos de fumar, lo que redujo las ventas durante algún tiempo.

Otra abogada de la acusación, Sharon Eubanks, citó un memorando realizado en 1964 por un directivo de Philip Morris en el que se indica que el sector debía ofrecer “un apoyo psicológico” y una justificación para que los fumadores continuaran consumiendo cigarrillos.

El secretario de Justicia, John Ashcroft, dijo en un comunicado que este juicio, el más importante en la historia de EU por una supuesta conspiración para engañar al público, “es un importante intento para prevenir actividades fraudulentas y mantener la integridad de las corporaciones”.

La decisión final del juicio, que es sin jurado, quedará en manos de la juez federal Gladys Kessler, quien preside las audiencias en un tribunal del Distrito de Columbia, donde está la capital de EU.

Ante las audiencias, que podrían durar más de seis meses, comparecerán 100 testigos, empezando por un ex comisionado de la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA, en inglés), David Kessler, quien no tiene relación con la juez.

En un testimonio previo, David Kessler dijo que investigaciones sobre el consumo de tabaco entre los adolescentes realizadas por la FDA en la década de los años 1990 mostraron que las compañías tabacaleras manipulaban los niveles de nicotina en los cigarrillos, un hecho que ha sido negado por esas empresas.

En este proceso civil, que puede hacer historia, las empresas acusadas incluyen Philip Morris USA; RJ Reynolds, Liggett; Lorillard Tobacco y Brown and Williamson.

Las acusaciones iniciales se realizaron en 1999, durante el Gobierno del presidente Bill Clinton, sobre la base de la Ley especial contra el crimen organizado y organizaciones corruptas, llamada RICO, por sus siglas en inglés, y puesta en marcha inicialmente para combatir a grupos como la mafia.

El juicio, que empezó ayer, se lleva a cabo al margen de otra demanda que promovieron varios estados de EU y en la que se alcanzó un acuerdo en 1998 a través del cual las tabacaleras aportarán 246 mil millones de dólares para gastos de salud en un período de 25 años.

El pacto de 1998 también incluye restricciones a los anuncios publicitarios de los cigarrillos con dibujos animados y dirigidos a los jóvenes.

En el año 2000, Gladys Kessler resolvió que el Gobierno de EU no podría recuperar de las compañías tabacaleras los fondos que invirtió en el programa de salud “Medicare” para atender a los pacientes con enfermedades derivadas del consumo de tabaco.

Sin embargo, la juez sí permitió que las autoridades intentaran obtener compensaciones procedentes de las ganancias acumuladas por las compañías tabacaleras a través de las prácticas cuestionadas.

El Departamento de Justicia quiere que las tabacaleras entreguen 280 mil millones de dólares en beneficios obtenidos en el pasado medio siglo, así como nuevas restricciones en las técnicas de mercadotecnia y de publicidad del tabaco.

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