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Demanda IP aplicar la Ley

Intereses políticos en la controversia entre el Gobierno Federal y el capitalino generan incertidumbre, advierten.

MÉXICO, DF.- Para el sector industrial, las controversias donde prevalece el interés del orden político o de partido los deja insatisfechos e inquietos, señalaron ayer representantes de la iniciativa Privada con respecto a la petición de desafuero contra el jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador, por parte de la Procuraduría General de la República (PGR).

“Cuando le toca a un jefe de Gobierno que tiene un fuero y que responde a intereses de orden político que conocemos todo mundo, de partido, pareciera que (el Estado de Derecho) es aplicado a partidos y lo que requerimos es un estado de derecho que se aplique a todos, no a partidos a personas o a ambientes políticos de momento sino a una aplicación justa a una norma que tienen que darse”, señaló León Halkin, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

“Esto nos lleva”, dijo, “a reflexionar qué queremos de la justicia, si nada más la aplicación en los bueyes de nuestro compadre o también la aplicación y la justicia como Estado de Derecho para todos”. Reiteró que nadie puede estar por encima de la Ley y del Estado de Derecho, por lo que se debe divorciar a cualquier actor económico, político o social, que se llame ciudadano y que tenga o no fueros constitucionales para que se aplique la justicia.

También ayer, el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, afirmó que se investiga a otros ex funcionarios del Gobierno capitalino.

El procurador fiscal, Juan Carlos Tamayo Pino, ratificó esta declaración.

Por su parte Mariano Azuela, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adelantó que hoy miércoles aclararán el caso del paraje El Encino, ubicado en Santa Fe.

En otro capítulo del mismo debate, el PRD envió una carta al presidente Vicente Fox para pedirle que deje de utilizar el aparato público en contra de sus adversarios y espere que sea en las urnas donde los derrote.

El Comité Ejecutivo Nacional perredista acordó “cerrar filas” y envió un documento al Presidente.

“Ciudadano Presidente: le solicito a usted modificar su política de usar el aparato público en contra de sus adversarios y en detrimento de la convivencia democrática y el Estado de Derecho”, señala una parte de la carta dada a conocer en conferencia de prensa en la sede partidista.

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