Legislador considera la medida para castigar la malversación de fondos
El secretario de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local, diputado Rubén Velasco Murguía, demandó ejercer acción penal en contra de los funcionarios y ex funcionarios municipales que incurrieron en malversación de recursos públicos, y con ello se erradiquen suspicacias sobre la presunta protección de las autoridades hacia los ?malos servidores?, además de sentar el precedente para inhibir irregularidades en el futuro.
En todos los casos, la revisión de los informes financieros de cada respectivo municipio arrojaron como resultado operaciones irregularidades ?de las que pudieran derivarse daños y perjuicios a la Hacienda Pública Municipal, así como de carácter administrativo y a la integración de la propia cuenta pública. Y al terminar el plazo que establece la ley, los afectados no pudieron subsanar las observaciones, resultándoles el fincamiento de responsabilidades.
Los funcionarios y ex funcionarios que ?están en capilla?, requeridos vía créditos fiscales para resarcir el dinero que gastaron sin cumplir con los lineamientos legales que establece la normatividad, según resolución que emitiera sobre sus respectivas cuentas públicas del 2002, el órgano de fiscalización, son los siguientes:
Del municipio de Tlahualilo: Francisca Niño Córdova y Marco Antonio Peña Niño, presidenta municipal y tesorero, respectivamente, durante el periodo de enero a julio de 2002, y a los que se les aplicó un crédito fiscal por la cantidad de 17 millones 368 mil pesos.
Ambos ex funcionarios incumplieron ?con la obligación legal de vigilar el adecuado registro y la correcta aplicación y comprobación de dichos recursos, y al no haberlo hecho, o haber permitido su aplicación irregular, dio lugar a la generación de los daños al patrimonio municipal, por la cantidad mencionada?.
De Indé: aunque en la audiencia final en la que no pudieron subsanar las observaciones por las irregularidades detectadas comparecieron el alcalde, el ex tesorero y el tesorero, Rodolfo del Rivero Ibarra, Manuel Corripio Rodríguez y Andrés Adelino Rodríguez Lucero, respectivamente, la resolución de la Entidad de Auditoría Superior finca responsabilidades por concepto de indemnización y sanción pecuniaria.
El monto es del orden de 100 mil pesos, al Presidente Municipal, por lo que la Secretaría de Finanzas del Estado deberá requerirlo con el crédito fiscal por tal cantidad o, de lo contrario, actuar penalmente contra él.
La resolución sobre la cuenta pública correspondiente al ejercicio del 2002 en el munipio de Canelas finca responsabilidades por indemnización y sanción pecuniaria, por la cantidad de 400 mil pesos, en contra del presidente municipal, Gandhi Monárrez Recio, a quien desde el 12 de diciembre se le notificó al respecto.
El alcalde de Simón Bolívar, Lázaro Herrada González, deberá pagar, vía crédito fiscal que le aplicará la Secretaría de Finanzas, 62 mil pesos, por concepto de fincamiento de responsabilidades por indemnización y sanción pecuniaria, por indebida utilización y comprobación de los recursos públicos recibidos durante enero a diciembre del 2002, por gastos de representación y cobro de cheque.
Cárcel
Malversaron recursos públicos
Diputados panistas exigen proceder penalmente contra funcionarios y ex funcionarios municipales que violaron la normatividad en el uso y administración de recursos públicos encomendados a su responsabilidad.
· TLAHUALILO.- Francisca Niño Córdova y Marco Antonio Peña Niño.
· SIMÓN BOLÍVAR.- Lázaro Herrada González.
· INDÉ.- Rodolfo del Rivero Ibarra.
· CANELAS.- Gandhi Monárrez Recio.
