AP
LA PAZ, BOLIVIA.- Alrededor de tres mil personas marcharon ayer hacia La Paz desde Caracollo, 190 kilómetros al sur, demandando el inicio de un juicio de responsabilidades contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y por la nacionalización de los campos petroleros.
La marcha, que se inició el lunes, está encabezada por el líder campesino Evo Morales, y cuenta con la participación de cocaleros, universitarios y sindicalistas de distintos sectores.
Morales sostiene que llegará a La Paz el lunes 18 y que a la marcha se sumarán miles de campesinos de otras regiones a su ingreso a esta ciudad.
La noche del lunes, la Comisión Mixta de Constitución del Congreso aprobó una recomendación para que Sánchez de Lozada y dos de sus ministros sean juzgados por asesinato, genocidio, resoluciones contrarias a la constitución, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, y violación de derechos y garantías constitucionales.
La aprobación llega un año después de la revuelta popular contra un proyecto privado de exportación de gas a EU y México, especialmente si se hacía por algún puerto chileno, que provocó la renuncia de Sánchez de Lozada y dejó al menos 56 muertos.
El pliego acusatorio había sido elevado al Congreso a principios de este año por la Fiscalía General de la República con esos cargos e involucraba a todo el Gabinete ministerial de Sánchez de Lozada. La petición debe ser analizada a partir de hoy en el Congreso.
La comisión de constitución incluyó en el petitorio de juicio al ex ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, y al de Gobierno (Interior), Yerko Kukoc, a quienes la mayoría consideró corresponsables de los delitos que la Fiscalía le atribuye a Sánchez de Lozada.
Morales también exige con su marcha la aprobación de una nueva Ley de hidrocarburos que obligaría a las petroleras transnacionales a firmar nuevos acuerdos con el Estado que incluyen un incremento de las regalías del 18 al 50 por ciento y abriría las puertas a la expropiación de sus bienes.
En el Congreso, se discutían ayer las posibilidades reales de que la recomendación de la comisión sea aprobada, pues se necesitan dos tercios de los 157 votos de senadores y diputados, es decir 105.
