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MÉXICO, DF.- Militantes del Partido Verde Ecologista de México ratificarán mañana sus demandas contra la dirigencia de ese instituto político por hechos de corrupción y fraude en la elección de líderes y candidatos a puestos de elección popular.
La ratificación se efectuará mañana lunes a las 11:00 horas en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia por la presunta participación delictuosa de funcionarios del Instituto Federal Electoral.
Ahí, la disidencia del PVEM presentará más pruebas documentales que complementan a las ya contenidas en los expedientes SUP-JDC- 117/2001 y SUP-JDC-021/2002 y que motivaron un fallo del Tribunal Electoral contra la actual dirigencia.
Según los abogados que llevan el caso, está plenamente demostrado que la familia González y destacados funcionarios del IFE aún “en funciones”, actuaron en contubernio para simular el relevo de dirigentes en asambleas apócrifas.
Altos funcionarios del Instituto Federal Electoral se prestaron a estas “maniobras” y convalidaron actas que a todas luces violentaban el marco legal, lo que podría motivar la inhabilitación de estos funcionarios.
Como se recordará, el tres de septiembre del año pasado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió un fallo por el que ordena a ese partido modificar sus estatutos y realizar de nueva cuenta la elección de su dirigencia nacional.
La sentencia, elaborada por el Magistrado Mauro Miguel Reyes Zapata, señala que dentro del Partido Verde no hay control del poder ni reglas claras para saber por cuánto tiempo se ejercerán los cargos.
El veredicto del Tribunal también señala que los estatutos impiden la libre participación de los militantes y deja en manos de un pequeño grupo el nombramiento de dirigentes y candidatos.
Los hechos habían sido denunciados desde hace por lo menos cinco años por José Luis Amador Hurtado, quien desde entonces encabeza la disidencia contra la familia González Torres.
El 30 de enero de 2002, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al IFE abrir documentos relacionados con la vida democrática interna de todos los partidos en general.
Fue entonces cuando se conocieron las actas de Asamblea Nacional y estatales del PVEM: falsificación de firmas, simulación de asambleas, imposición de incondicionales, fue la constante del hallazgo en torno a dicho partido. De acuerdo con los datos recabados por Amador Hurtado, en 66 por ciento de los estados, las dirigencias provenían de reelecciones de incondicionales a la familia González Torres.
Se descubrieron entonces cinco casos extremos, de Comités Estatales que no habían realizado asamblea alguna en periodos de cinco a ocho años.
En cinco asambleas, representantes del CEN registraron simultáneamente su asistencia en dos lugares: Sara Castellanos asiste la misma fecha y hora a asambleas de Baja California Sur, Durango, Puebla y Querétaro y participa en sesión del Senado.
El ex líder nacional del PVEM, Jorge González Torres, asiste a su vez a la Asamblea del Estado de México y preside al mismo tiempo en Lima, Perú, el I Congreso de la Federación de Partidos Verdes de las Américas.
Pero ya desde mayo de 1999, militantes del PVEM de diversos estados habían denunciado de manera formal todas estas irregularidades, además del desvío de fondos públicos por mas de 12 millones de pesos.
Esto propicio en su momento, serios enfrentamientos y hechos de violencia sin que hubiera respuesta de las autoridades del IFE, hasta que el TEPJF emitió aquel fallo de 2002.
En Colima, Chihuahua, San Luis, Sonora y Yucatán los líderes estatales del Partido Verde habían permanecido en el cargo hasta por ocho años interrumpidos sin que mediara un proceso de elección o reelección y en el IFE se sabía todo esto.
