Consumidores exigen ?mano dura? contra los industriales de la masa y la tortilla, y que incluso, de ser necesario, se hagan efectivas las facultades que tienen las autoridades federales para presentar denuncias penales ante el Ministerio Público contra quienes realicen prácticas monopólicas, actúen de manera dolosa e intimidatoria y hasta amenazante, todo con el fin de bloquear el acceso de más productos al mercado, e inhibir la libre competencia, como sucedía en el pasado.
Lo anterior fue parte del clamor generalizado de un centenar de dirigentes seccionales y de colonias populares, que sostuvieron ayer una reunión de trabajo con el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, Jorge Andrade Cansino, quien admitió que hasta la fecha las autoridades federales que tienen competencia en el problema que se generó en el mercado de la tortilla se han mostrado temerosos, incompetentes, con falta de pericia y hasta irresponsables.
En su mayoría amas de casas, las dirigentes populares y de los seccionales priistas mostraron incertidumbre sobre la postura que habrán de asumir los industriales de la tortilla, a partir del acuerdo que se tuvo el pasado jueves. Por ejemplo, Faustina Morales, de la colonia Ejidal, cuestionó al funcionario estatal: ¿qué pasará si bajo el argumento de gastar más en la envoltura que garantice la calidad del alimento, como así ha sido el pretexto, los empresarios elevan aún más los precios al público?
Andrade Cansino explicó que la Norma Oficial Mexicana, según la Ley Federal de Metrología y Normalización, efectivamente señala que las tortillas deberán envasarse en recipientes que garanticen la sanidad, con materiales inocuos y resistentes al deterioro en las diferentes etapas del proceso. Pero que ello no quiere decir que se pretenda estandarizar el producto. Es decir, precisamente lo que caracteriza a la libre competencia y mercado, es que cada producto tenga características diferentes, para atraer la preferencia de los consumidores.
Se puede cumplir con la norma oficial, pero sin que tenga que ser igual el producto. Lo anterior significa que deberá ser el propio consumidor quien determine en total libertad, de acuerdo al precio, calidad y presentación, a quién o en qué establecimiento adquiere la tortilla, sin que haya amenazas o intimidaciones.
Dijo que los industriales de la tortilla, al organizarse y realizar las acciones de la semana pasada, pretendían regresar a las viejas prácticas monopólicas, e impedir el ingreso de otros productos bajo el argumento de estar en una competencia ruinosa. Pero los asistentes a la reunión afirmaron que no conocían, en ninguna de sus colonias, una tortillería que haya quebrado, sino que al contrario, sus propietarios gozaban de una economía superior al resto de los vecinos.
Lo que buscaban, y aún no se les quita la idea por completo, era que a partir de que alguien les aprobara un reglamento ad hoc, tendrían la garantía de vender a un precio más redituable, no tener competencia entre sí (al no dejar instalarse un negocio de otro a cuando menos una distancia de cuatro kilómetros a la redonda, con lo cual tendrían consumidores cautivos), pero lo más importante para ellos, que no se diera la entrada al mercado local de productos similares provenientes de otras latitudes, o de otros industriales no afines a su organización.
Además, cuestionó la legalidad de la Integradora de los Industriales de la Masa y la Tortilla, que según dijo, debe estar registrada ante la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, y al parecer no cuenta con tal inscripción, por lo que se considera ?de facto?.
Los consumidores, sobre todo las amas de casa, demandaron establecer mecanismos sencillos para presentar demandas en contra de tortillerías que muestren resistencia a sujetarse a los ordenamientos anti monopólicos, a fin de que se actúe de manera drástica contra ellos, y como lo confirmó Andrade Cansino, también acusarlos ante el Ministerio Público, ya que la actuación dolosa, intimidatoria, con fines de generar monopolios, se tipifica como delito en el Código Penal.
Destacó el hecho de que los industriales de la tortilla exijan que se revise la distribución y comercialización hacia el exterior de sus establecimientos, de acuerdo a los requisitos legales que se deben cumplir, pero no permiten que siquiera se toque lo relacionado al cumplimiento interior durante el proceso de elaboración del producto.
Les dijo que según el acuerdo, la Delegación Profeco habrá de realizar un monitoreo intenso desde este lunes para vigilar que el proceso de distribución y comercialización de la tortilla se normalice, con lo cual los consumidores podrán elegir el lugar donde se les venda más barato. Y que en caso de que se detecten irregularidades, levantar actas y aplicar sanciones, que además de llegar hasta la denuncia penal, también implicarían la clausura.
PLANTEAMIENTO
Proponen regresar a la firma de pactos
El diputado del Partido del Trabajo, Sergio Carrillo Arciniéga, planteó ante la Secretaría de Economía que ante las arbitrariedades de los tortilleros, el Gobierno implemente nuevamente lo que en el pasado se conoció como ?pactos económicos?, a fin de controlar el precio de productos de primera necesidad.
Y aunque el marco jurídico actual ya no lo permite, los legisladores petistas consideran que no es posible que se permita que los tortilleros eleven a su arbitrio el precio de la tortilla, y menos que pretendan generar monopolios que atenten contra la economía de los consumidores.
