El Comité Municipal del PRD en esta ciudad presentó denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos pidiendo que se inicie una investigación de las presuntas irregularidades en diferentes secundarias públicas de Durango, donde alumnos han sido expulsados por no pagar las cuotas de inscripción que les imponen, o bien por oponerse a comprar los uniformes a los directivos.
Dicha denuncia la está haciendo el presidente del Comité Municipal del Partido de la Revolución Democrática, José Posada Sánchez, quien dirigió dicho escrito al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes Fernández, donde expone las supuestas irregularidades que se están cometiendo en Durango.
Explica que existe la fundada presunción de que en las escuelas secundarias se están violando los derechos humanos de los hijos de los duranguenses por parte de las autoridades administrativas de esos planteles. Lo anterior es con relación al caso que se denunció en días pasados de la Secundaria Benito Juárez, donde se manifiesta un presunto desvío de las cuotas de inscripción.
Manifiesta que dichos directivos se creen los dueños de las secundarias y les impiden a los jóvenes a acceder a la educación si no pagan altas cuotas de inscripción y les compran los uniformes, los cuales venden los propios directivos, haciendo un gran negocio.
Asegura el declarante que hay muchos padres de familia desesperados porque les expulsaron, sin justificación fundamentada, a sus hijos de las escuelas secundarias por haberse negado a pagar dichas cuotas y comprar los uniformes a precios elevados.
Acusan a funcionario
Lo más grave del asunto, añadió, es que se encuentra involucrado el secretario de Educación del Gobierno del Estado, Adrián Laveaga Hernández, teniendo como cómplice al presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Heriberto Cardoza Carrera, a quien, asegura, han sostenido durante trece años en este puesto para que siga realizando su inmoral labor, cuando la misma ley indica que ningún presidente de este tipo de asociaciones puede durar más de dos años en el cargo.
Por lo anterior, solicitan que se inicie la investigación de estos casos, señalando el declarante que se reservan los nombres de los padres afectados, pero en cuando se inicie la revisión de esta denuncia de inmediato se presentarán los afectados, quienes se reservan su derecho para evitar cualquier represalia en estos momentos.
