Campesinos del ejido Damián Carmona del municipio de Poanas, organizados en la Sociedad Productiva ?Las Palomas?, denunciaron lentitud en la investigación que se derivó de la denuncia penal que interpusieron en la Procuraduría General de Justicia del Estado, en contra de dirigentes cenecistas por supuesto fraude que cometieron al actuar como intermediarios en la compra de maquinaria e implementos agrícolas, por la cantidad de 500 mil pesos.
A decir de los directivos de la Sociedad de Producción Rural ?Las Palomas?, encabezados por el presidente, Antonio Fernández Olivas, derivado de la reforma al artículo 27 Constitucional, mediante la cual se puso fin al reparto agrario, el Gobierno Federal suscribió los acuerdos de concertación y atención de asuntos agrarios, que contemplaban una serie de acciones.
En el caso de la mencionada agrupación, se les benefició con el programa de ?Organización y Fomento?, que consiste en ofrecer a los campesinos demandantes de tierra con expediente instaurado antes de la reforma constitucional, una alternativa con un proyecto productivo.
En el 2001, la SRA financió 11 proyectos productivos, de los cuales seis correspondieron a grupos afiliados a la CNC, uno para la Sociedad de Producción Rural ?Las Palomas?, a la que se le entregaron 500 mil pesos para adquirir un tractor e implementos agrícolas.
Para realizar la compra, se entregó el dinero al ingeniero Francisco Javier Picaso, quien junto con Fernando Gamero, fueron los representantes de la CNC en las gestiones. Sin una factura de por medio, los dirigentes cenecistas les llevaron un tractor que supuestamente costó 332 mil 432 pesos; un arado de 25 mil 513 pesos; sembradora 54 mil 205 pesos, y rastra de 24 mil 682 pesos.
Y al cotejar con otras cotizaciones, se encontró que se inflaron los precios, además de que no les entregaron otros implementos. El proveedor argumentó que se había elevado el valor porque la compra fue a un año, cuando se tenía todo el dinero. Al solicitar las facturas, Javier Picaso exigió 30 mil pesos, de lo contrario no se las daría.
Los campesinos calcularon que alrededor de 160 mil pesos son los que hacen la diferencia de los precios que les diera el intermediador cenecista, con los que cotejaron en el mercado. De ahí que haya interpuesto en marzo del 2003 una denuncia penal en contra de Picaso y otros dirigentes cenecistas que pudieran resultar responsables del delito de fraude.
Inclusive, a decir de los afectados, se realizó la averiguación previa en la Dirección de Averiguaciones Previas (DAP), y se recogieron declaraciones de los supuestos defraudadores, así como del proveedor, captándose copia de las facturas. Pero ahora que regresaron a conocer por qué el retraso en las indagatorias, se encontraron con que ya no está el expediente, además de que ya no lleva el caso el agente del Ministerio Público inicial.
Comentaron que el órgano de control interno de la SRA dictaminó que efectivamente había irregularidades en los montos de los precios del tractor e implementos, pero que se tendría que recurrir a la justicia local para exigir la reposición.
En razón de lo anterior, los campesinos afectados exigen justicia y que se lleve a cabo la investigación hasta las últimas consecuencias, ya que si se pretende encubrir a los dirigentes cenecistas, lo menos que puede hacer la Procuraduría de Justicia es exigirles la reposición del dinero, en caso de que así lo resuelvan.
QUEJAS
Encubren a dirigentes
Por su parte, el diputado Mario Moreno salas, quien ofreció a los campesinos coadyuvar para que se agilice la investigación a su denuncia, señaló que todo muestra que la Procuraduría de Justicia en la entidad encubre a los dirigentes cenecistas, ya que no hay explicación lógica del extravío del expediente.
Además, señaló que también el expediente que se tenía en el Congreso no se ha encontrado, ya que el diputado Jorge Herrera Delgado, quien debería de tenerlo, dice que no lo ha encontrado, con lo cual aumentan las sospechas de que hay encubrimiento para los cenecistas.
