Petición de castigo contra servidores públicos no prospera
Incapacidad y corrupción son factores que imperan en la Dirección de Averiguaciones Previas (DAP) de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), denunció José Luis Gallegos Chávez, quien se quejó ante El Siglo de Durango de haber sido víctima de las irregularidades que cometen los agentes del Ministerio Público al integrar una averiguación y no defender a las víctimas de delitos.
Al buscar un espacio de denuncia ciudadana contra tales irregularidades, José Luis acudió a este diario para inconformarse por la nula atención que ha recibido de las autoridades de la corporación policiaca y del Gobierno del Estado, al no actuar ante un hecho que él cree injusto y que debe ser castigado penalmente.
Dijo que al sentir que se habían violentado sus derechos por los agentes del MP Jesús Soto Quiñones y Érika Velázquez Castillo, acudió a la Subprocuraduría de Justicia para pedir una sanción a estos servidores públicos, petición que no prosperó. Luego, remitió su queja a la Contraloría Interna de la PGJ, y recibió la misma respuesta.
El 12 de enero del presente año, la Comisión Estatal de Derechos Humanos le comunicó a José Luis Gallegos la resolución sobre su queja de septiembre de 2003 en contra de los agentes investigadores.
En la contestación de la instancia ombusdman de Durango ?cuya copia obra en poder de El Siglo-, se señala que fue necesario emitir una recomendación (la 16/03) a la Jefatura de Asuntos Internos de la PGJ, para que tomara cartas en el asunto contra los agentes Soto Quiñones y Velázquez Castillo.
Sin embargo, el quejoso afirma que la sanción no resuelve el problema de fondo, pues el daño que sufrió y por el que exige justicia no ha sido reparado.
Por ello, acudió a la Secretaría Particular del Gobernador del Estado, a fin de que sea desde la oficina del Ejecutivo donde se hagan las peticiones necesarias para que continúe la averiguación previa contra Juan Antonio Prado Vargas, a quien acusó con pruebas en mano por los delitos de falsificación de documentos, mentir en una declaración ministerial y daños y perjuicios.
Gallegos Chávez tampoco obtuvo respuesta del gobernador Ángel Sergio Guerrero Mier. Por el contrario, la mala integración de la averiguación provocó que los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia desecharan el ejercicio de la acción penal contra Prado Vargas, por no encontrar ni pruebas ni elementos de cargo.
El denunciante es actor de un proceso penal plagado de anomalías en la integración de la averiguación que solicitó en contra de Juan Antonio Prado, con quien desde hace siete años sostiene un litigio agrario, pero se abrió paralelamente otro de carácter penal, debido a que Prado lo denunció de despojo.
?Ese delito del que me acusó el señor Prado Vargas ya se resolvió a mi favor, y yo, como demostré pruebas de que él había falsificado documentos y le había mentido a las autoridades, lo denuncié para que se haga justicia en lo penal. Nada he logrado?, indicó.
?Y le digo con claridad que no me interesa litigar el proceso agrario, pues ése lleva su curso. Pero lo que sí quiero hacer público son las tranzas y las torpezas dolosas que cometen los agentes del Ministerio Público al supuestamente defender a las víctimas de delitos?, concluyó.
REPORTE
Primer lugar
Según la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango (CEDH), la Procuraduría de Justicia del Estado es la institución contra la que más quejas se presentan por parte de la ciudadanía duranguense, y es la que prevalece en el primer lugar en cuanto a observaciones y recomendaciones hechas por parte de la instancia ombusdman de la localidad.
El año pasado se registraron un total de 24 recomendaciones a diferentes instituciones públicas que incurrieron en violaciones a los derechos humanos; de ellas, la mayoría fue en contra de las diferentes áreas que dependen de la Procuraduría de Justicia de Durango.
En lo que va del año, el informe de la CEDH gira en torno a que no se han registrado casos que ameriten recomendación alguna a las instituciones denunciadas por la ciudadanía.