EL SIGLO DE TORREÓN
SALTILLO, COAH.- El Congreso del Estado llamará a cuentas a la titular de la Secretaría de Salud estatal, Bertha Castellanos Muñoz, debido a que la dependencia entregó el historial clínico de los niños afectados por la contaminación causada por Peñoles, en Torreón; problema en el que ahora la empresa es juez y parte, aun cuando el cuidado de la salud no forma parte de sus funciones, la que corresponde a las autoridades sanitarias.
Esto quedó de manifiesto en la sesión de ayer de la Comisión Permanente de la legislatura, donde los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), José Andrés García Villa, coordinador de la Comisión de Salud y José Ángel Pérez Hernández, coordinador de la Comisión de Derechos Humanos, dieron a conocer una serie de inconformidades de un grupo de madres de los niños afectados por el plomo, relacionadas con lo que consideran como una falta de atención para sus hijos.
Según expusieron los legisladores, Peñoles diseñó el nuevo esquema de tratamiento de los niños contaminados, “cuando debió ser exclusivamente la Secretaría de Salud (Ssa) la responsable directa de rediseñar este programa, conforme a las normas oficiales mexicanas de salud ambiental”.
Agregaron que las madres de familia, no están de acuerdo en que Peñoles sea la responsable de ejecutar las acciones de atención a la salud de sus hijos, aun cuando la metalúrgica sea vigilada en esta tarea por la Ssa estatal y la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofrepis).
Asimismo, sostuvieron que la base de datos que se desarrolló desde un principio, ahora esté a cargo de Peñoles.
“La historia clínica y la base de datos de cada uno de los niños contaminados debe ser propiedad del sector salud, ya que las actividades de la compañía Peñoles no se relacionan para nada con las áreas que deben ser competencia del sector salud”, consideraron los diputados.
Explicaron que en este nuevo esquema de trabajo, será la empresa la que ejecutará las acciones de atención y la Ssa sólo tendrá un papel de vigilante y supervisor.
“Otra queja es que bajo este esquema, el medicamento ya no es gratuito; tendrán que comprarlo”.
Además, los legisladores argumentaron que el nuevo esquema de tratamiento viola la Carta de los Derechos Generales de los Pacientes en su inciso cuatro, el cual señala que los afectados o sus familiares tienen el derecho de decidir voluntariamente sobre el tratamiento o diagnóstico ofrecido.
La Comisión Permanente del Congreso decidió reunirse con la doctora Castellanos Muñoz, para que informe sobre cuáles fueron los argumentos por lo que la Ssa se deslindó de la responsabilidad directa de la atención de los niños contaminados por plomo.
