EL SIGLO DE TORREÓN
Ahora, comerciantes de Nuevo León, enfrentan denuncia en Durango
GÓMEZ PALACIO, DGO.- Otro grupo de comerciantes de Nuevo León acudió a El Siglo de Torreón para denunciar presuntas irregularidades que están suscitándose en los Juzgados Mixtos de Primera Instancia del Estado de Durango.
Una familia del municipio de Guadalupe fue denuncia por fraude en Nombre de Dios, Durango, el supuesto afectado exige el pago de diez millones de pesos porque asegura que estas personas no le pagaron más de 200 toneladas de carne, el abogado de los neolonenses dice que sus clientes no conocen esta entidad y lo curioso de este caso es que el denunciante es el mismo que presentó al menos diez denuncias idénticas en Cuencamé.
El pasado 16 de septiembre El Siglo de Torreón publicó una nota en la que se informa que al menos cuatro comerciantes de diferentes Estados de la República Mexicana fueron detenidos en Cuencamé, Durango, acusados de fraude.
Dos recuperaron su libertad al ceder a las presiones del abogado, Rafael Domínguez Puentes, quien dice ser el representante de las empresas Comercializadora Cianuri S.A. de C.V. y de Grasas y Derivados Mr. Soria S.A. de C.V., ambas propiedad de Fernando Soria Rentería, otros dos no han cedido a las pretensiones económicas del denunciante y prefieren permanecer presos hasta que se aclare esta situación.
Esta información llamó la atención del abogado torreonense, Guillermo Alejandro Cerón Albarrán, se percató que sus clientes vivían la misma situación que las personas detenidas en Cuencamé, la única diferencia radica en el municipio donde se interpuso la denuncia, el resto es el mismo modus operandi.
Siempre actúan igual, Soria Rentería presenta una denuncia por un supuesto fraude, los abogados ?aceleran? el papeleo y a los pocos días consiguen las órdenes de aprehensión, una vez que detienen a los comerciantes en sus ciudades de origen los trasladan a municipios de esta entidad y los extorsionan, les exigen cierta cantidad de dinero para retirar la denuncia.
El abogado se comunicó a esta redacción y manifestó su interés por hacer públicas estas presuntas irregularidades, dijo que es necesario hacer un frente común para exigir que el Consejo de la Judicatura inicie una investigación, ?Si no nos reunimos y no presionamos al Consejo de la Judicatura y a los nuevos magistrados que acaban de entrar este asunto se va a repetir?. Sus clientes nunca pisaron la cárcel porque un juez de Distrito les otorgó un amparo.
Cerón Albarrán dijo que los comerciantes pueden presentar una denuncia de hechos por asociación delictuosa contra los jueces, contra los abogados, contra los testigos, contra todos los que han ?facilitado? las cosas a Soria Rentería y a su abogado, Rafael Domínguez Puentes, ?tenemos un gran antecedente porque el juez federal le dice que está mal todo y se lo desglosa en el amparo?.
El litigante facilitó toda la documentación necesaria para sostener sus declaraciones, narró que el 29 de octubre de 2003 la empresa Grasas y Derivados Mr. Soria S.A. de C.V., domicilio en la colonia Armando del Castillo Franco en la ciudad de Durango, interpuso una denuncia por fraude contra Moisés Hernández Colis y contra sus hijos Moisés y Ricardo de apellidos Hernández Payán, exigiendo el pago de cinco millones 615 mil pesos.
En la denuncia Soria Rentería asegura que el 20 de enero de 2003 se encontró con los tres miembros de la familia Hernández en la ciudad de Vicente Guerrero, ahí pactaron la compra-venta de 130 toneladas de carne, anexa seis facturas que fueron expedidas entre los días 20 y 22 de ese mismo mes, no aporta ningún documento donde compruebe que la empresa de los neoleonenses recibió la mercancía.
El 30 de octubre ratifica la denuncia y para el día cuatro de noviembre el agente del Ministerio Público, Natalie Martínez Rodríguez, consigna la averiguación previa al juez mixto de Primera Instancia con residencia en Nombre de Dios, Durango, Juan Carlos Jara Venegas, quien gira la orden de aprehensión el 13 de noviembre de 2003 dentro del proceso 88/2003.
Pasaron apenas dos semanas desde que se interpuso la denuncia y los agentes ministeriales de Durango se trasladan a Guadalupe, Nuevo León, para tratar de cumplimentar la orden del juez, cometieron un error, detuvieron a la persona equivocada y esto alertó a la familia Hernández, quienes solicitan el amparo de la autoridad federal el 18 de noviembre de ese mismo año, un juez de Distrito les niega el amparo el 16 de diciembre.
En este lapso Soria Rentería presentó una nueva denuncia el 27 de noviembre de 2003 contra la misma familia, ahora lo hace a través de la empresa Comercializadora Cianuri S.A. de C.V., con domicilio en calle Patrocinio de Juárez número 103 en la colonia Del Maestro en la ciudad de Durango, Celso Nájera Mendivil interpone la querella como representante de esta compañía.
En este segundo proceso reclaman cinco millones 407 mil pesos, Nájera Mendivil narra que el día primero de abril de 2003 estaba en Nombre de Dios en una taquería que se encuentra en la carretera a Vicente Guerrero, asegura que en este lugar fue abordado por la familia Hernández y pactaron la compra-venta de más de cien toneladas de carne, aporta como prueba documental cuatro facturas expedidas entre el día primero y el nueve de abril, nunca hace referencia al supuesto adeudo que ya existía desde enero de ese mismo año.
Carlos Fernández Arámbula, agente del Ministerio Público valoró las pruebas y el día 28 de noviembre consignó la averiguación previa, que de nueva cuenta fue atendida por el juez mixto de Primera Instancia con residencia en Nombre de Dios, Durango, Juan Carlos Jara Venegas, el seis de enero de 2004 se dictó la segunda orden de aprehensión contra los neoleonenses, en esta ocasión dentro del proceso 103/2003.
Ya alertada la familia Hernández recurrió de nueva cuenta a los Juzgados de Distrito el 20 de enero de este año, el pasado 26 de julio les fue concedido el amparo por el Juzgado Segundo de Distrito en Durango, Durango, el abogado, Cerón Albarrán, informó que el Ministerio Público solicitó el recurso de revisión, existe la posibilidad de que le revoquen el amparo, aunque si lo ratifican se acaba el proceso.
El abogado de la familia Hernández, insistió, los comerciantes que se sienten afectados, deben hacer un frente común para pedir que se investigue, de lo contrario seguirá latente el peligro de que en un futuro esta ?banda de seudo abogados? vuelva a presentar otras denuncias.
?Giran órdenes de aprehensión en menos de seis días, el juez federal le dice al juez local que cómo es posible que presuma que existió una operación y que ni siquiera tengan un comprobante de recibida la mercancía, valoró indebidamente las pruebas?, dijo el entrevistado, quien asegura que en Monterrey hay al menos otros diez casos similares, donde curiosamente el denunciante es el mismo Soria Rentería, además se rumora que también presentan este tipo de denuncias en Topia, Santiago Papasquiaro, Guadalupe Victoria, Cuencamé y otros municipios.
?Hay intereses económicos muy fuertes, yo sé por una fuente digna de crédito que hubo dinero de por medio... ese peligro lo vamos a tener mientras en Durango se de este tipo de situaciones, por eso lo interesante de juntarnos todos para hacer un frente común porque esos procesos penales los hicieron en 20 días, quién nos asegura que el día de mañana no lo vuelven hacer?, dijo Cerón Albarrán.
ANTECEDENTES
El pasado 16 de septiembre se publicó una nota sobre estas presuntas irregularidades, en esa ocasión se difundieron las entrevistas de cuatro personas que se dicen afectados, a continuación se hace un resumen sobre estas historias:
· Jaime Godina Machado, comerciante de Aguascalientes, arrestado el nueve de mayo de 2004, se le acusaba de que no había pagado unos neumáticos, su madre pagó 30 mil pesos y firmó un pagaré en blanco para que liberaran a su hijo, la mujer afirma que le entregó el dinero y el documento a Rafael Domínguez Puente para que retiraran la denuncia.
· Yolanda Herrera Moreno, empleada de la empresa denominada Comercializadora y Distribui-dora de Bari S. A. de C. V., de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, fue detenida el mes de abril de este año en Peñón Blanco, se le acusaba de que no había pagado varias toneladas de frijol, el denunciante exigía el pago de un millón y medio de pesos. Recuperó su libertad el 25 de agosto después que sus familiares pagaron 200 mil pesos en efectivo, además entregaron un automóvil Derby 2001 y una camioneta, esto consta en el expediente judicial, la mujer asegura que su padre entregó 70 mil pesos y que también fue despojado de una casa que tenía en la ciudad de Torreón, misma que está ubicada en la calle 17 a tres cuadras del Hospital Infantil Universitario, con un valor estimado de 500 mil pesos.
· Héctor González Becerril tiene una bodega en la Central de Abastos del Distrito Federal, el día primero de septiembre le cumplimentaron una orden de aprehensión por el delito de fraude, le exigen el pago de un millón 895 mil pesos por 50 toneladas de queso. Este comerciante sigue preso en la cárcel municipal porque no aceptó pagar los 150 mil pesos que le exigían para retirar la denuncia.
· Pedro Roberto Amarillas López, es originario de Sonora, pero radica en Guadalajara, Jalisco, también es comerciante y fue acusado de fraude porque presuntamente no pagó 3.8 millones de pesos por varias toneladas de carne. Lo detuvieron el 22 de agosto, tampoco conocía el municipio de Cuencamé. Dice que en un principio le exigían 300 mil pesos, después 150 mil pesos y él no aceptó porque quiere que se aclare esta situación.
NOTA: Estas cuatro personas fueron denunciadas por Fernando Soria Rentería y afirman que el abogado, Rafael Domínguez Puentes, se encarga de hacer la ?negociación? con los comerciantes detenidos.
FUENTE: Investigación de El Siglo de Torreón
