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LA PAZ, BOLIVIA.- El diputado Edgar Zegarra informó ayer que el ministro de Gobierno Saúl Lara le advirtió que en Bolivia están operando los grupos irregulares Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, de Perú, y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
“El ministro nos llamó a varios legisladores el día en que el Congreso votó por la apertura del juicio al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (el 14 de octubre) y nos advirtió que cuidáramos nuestra seguridad porque están operando en Bolivia el MRTA y las FARC”, dijo Zegarra.
Zegarra, diputado del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) de Sánchez de Lozada, dijo a Radio Panamericana que tras esas llamadas la Cámara de Diputados pidió a Lara mayor información sobre la presencia de esas bandas, pero que éste no respondió.
El congresista indicó que también el comandante de la policía, coronel David Aramayo, les había hecho conocer sobre la supuesta presencia de esas bandas a los legisladores para que pusieran especial atención a su seguridad.
A su vez, el senador Leopoldo Fernández dijo a la prensa el lunes que el servicio de inteligencia de la policía le informó que un cartucho de dinamita que fue lanzado contra su domicilio la semana pasada, y que no llegó a detonar, fue arrojado por elementos subversivos.
Señaló que agrupaciones irregulares se preparan para irrumpir en Bolivia y que en sus planes está primero atentar contra algunos dirigentes políticos.
Consultado por la prensa sobre la tentativa, Aramayo respondió: “Puede que se hagan otros intentos... pero no tenemos nada por el momento”.
Zegarra manifestó su extrañeza porque ni Lara ni Aramayo hubieran respondido los pedidos de más información sobre la supuesta presencia de bandas terroristas en Bolivia, al señalar que su silencio pone en riesgo la vida de algunos legisladores.
El 14 de octubre, más de dos tercios de los congresistas votaron en favor de que se inicie un juicio de responsabilidades por genocidio contra Sánchez de Lozada, quien se vio obligado a renunciar en octubre del año pasado tras una revuelta que dejó al menos 56 muertos.
Entonces, algunos legisladores del MNR dijeron que había presiones y amenazas para que los congresistas votaran por el enjuiciamiento de Sánchez de Lozada, quien vive en Estados Unidos desde su renuncia.
