AGENCIAS
México, DF.- El hijo de la escritora guatemalteca Alaíde Foppa, torturada y desaparecida en diciembre de 1980, denunció ayer que el ex ministro de ese país Donaldo Álvarez tenía “protección migratoria” en México.
Julio Solórzano señaló que la Fundación que lleva el nombre de su madre logró localizar los “documentos migratorios” que permitían a Álvarez permanecer en el país desde 1983.
Indicó en rueda de prensa que el ex ministro de Gobernación todavía tiene “residencia vigente” en México y que las autoridades le indicaban incluso los lugares donde podía o no residir.
El ex embajador de México ante la Organiación d las Naciones Unidas en Nueva York Adolfo Aguilar Zínzer fue más allá y advirtió que la desaparición de Álvarez pocos días después de que un juez español solicitara su captura sólo puede deberse a “absoluta negligencia o a que hay mano negra y mala fe de las autoridades mexicanas”.
Aguilar Zínzer insinuó incluso la hipótesis de que el ex ministro de Gobernación de Guatemala pudo tener “complicidad con las corporaciones policiales”, por lo que exigió al Gobierno que investigue el asunto.
Álvarez, quien es acusado por el asalto de la Embajada española en Guatemala en 1980, donde murieron 39 personas, entre ellas tres españoles, así como del asesinato de otros cuatro sacerdotes de la misma nacionalidad, tenía permiso de residencia (FM2) en México.
“Y estaba a su propio nombre”, detalló Solórzano, por lo que consideró que la “protección migratoria” que las autoridades le dieron fue una “decisión política”, ya que “sabían perfectamente quién era”.
Álvarez también gozó de residencia en Estados Unidos hasta 2000, cuando la perdió pocos días después de que se iniciara el proceso en su contra en España, al contrario de México, que se la mantuvo.
Sin embargo, en 2002 la embajada de Estados Unidos en la capital mexicana le otorgó una visa de turista válida por diez años y le anexó una nota en que se aclara “que no se encontraron razones para no otorgársela”, detalló Sólorzano.
Todos estos documentos fueron entregados a las autoridades mexicanas al menos cinco días antes de que se expidiera su orden de captura.
Actualmente se desconoce el paradero de Álvarez y el caso ha provocado una guerra de recriminaciones entre el Gobierno y la Fundación Rigoberta Menchú por la difusión en la prensa de la petición de los tribunales españoles y la tardanza del magistrado mexicano en ordenar su aprehensión.
Por ese motivo, una vez que la policía mexicana obtuvo la orden de registro de las casas de Álvarez, el pasado día 17, éste ya no estaba en ellas.
Solórzano fue uno de los iniciadores del proceso contra Álvarez en España, cuando en 1999 presentó ante la Audiencia Nacional una querella junto a la Fundación Menchú contra ocho ex altos funcionarios guatemaltecos por delitos de tortura, genocidio y terrorismo de Estado.
Las autoridades mexicanas mantienen una alerta migratoria para impedir que el ex ministro pueda salir del país y ocultarse en otras naciones.
Álvarez también ha sido acusado por diversas organizaciones de derechos humanos de la tortura y genocidio de decenas de guatemaltecos durante el gobierno de Romeo Lucas García (1978-82).
Asimismo, se le sigue un proceso similar en Bélgica por la muerte de dos sacerdotes de esa nacionalidad.
