El de ayer, fue sin duda un golpe seco. Por ser “notoriamente improcedente”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó en definitiva la demanda de controversia constitucional con la que los perredistas intentaban frenar el juicio de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador.
La medida de la Corte deja libre el camino para que la Cámara de Diputados decida sin interrupciones si le quita o no el fuero constitucional al jefe de Gobierno capitalino para que enfrente el proceso penal en su contra por haber violado una orden de un juez federal.
Es el ya famoso caso del paraje San Juan que le puede costar la candidatura presidencial al perredista mejor posicionado, al que según las encuestas arrasaría en las urnas en julio de 2006.
La lectura jurídica refiere que tras una votación dividida de siete votos contra tres, el pleno de la Corte confirmó la decisión del ministro Aguirre Anguiano, quien desde el pasado siete de julio desechó la demanda, porque estimó que se trataba de defender al jefe de Gobierno de actos derivados de un juicio de amparo en el que se le acusa de haber burlado una suspensión definitiva que giró un juez, lo cual no se puede hacer a través de una controversia constitucional.
La lectura política es que el fallo de la Corte complica aún más –si esto fuera posible- el escenario nacional y amenaza con proyectar la confrontación entre Fox y Andrés Manuel, a niveles de pronóstico reservado. Por lo pronto, habría que anticipar la muerte de la tregua convocada por el titular del poder Ejecutivo Federal.
Formalmente el asunto queda en manos de la Cámara de Diputados. Tomando en cuenta que se requiere de mayoría simple, esto es, la mitad más uno de los 500 legisladores para que el tabasqueño quede desaforado, los 150 panistas tendrán que negociar los otros 101 votos entre los 223 priistas, ya que con seguridad, los 97 perredistas y seis legisladores del PT votarán en contra.
Se abre un nuevo capítulo, tal vez el más ríspido, en la sucesión adelantada.
