el diputado local con licencia René Bejarano debe ser privado de la inmunidad que le da el haber sido elegido miembro de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Debe ser desaforado para que se le someta a proceso penal. Será desaforado porque, a diferencia del PRI que se asoció a las conductas presuntamente delictivas del senador Ricardo Aldana, el partido de Bejarano rehusará protegerlo. Pero aquella misma preocupación priista por impedir que el tesorero del sindicato de Pemex sea procesado podría estorbar la integración de la Sección Instructora y así, además de proteger su propia corrupción el PRI resultaría protegiendo la ajena.
La licencia no priva del fuero. Bejarano, como el senador Jorge Emilio González Martínez, que también la solicitó, continúan protegidos por ese privilegio parlamentario, de tan nobles orígenes (asegurar la libertad de los opositores al poder) y de tan turbia utilización ahora, cuando se ha convertido en escudo de delincuentes.
Sólo se pierde el fuero al término de la función, cuando se opta por otro cargo, incompatible con la responsabilidad legislativa, o cuando la Cámara de Diputados, mediante el juicio de procedencia desposee de esa protección. No importa que el suplente haya asumido el lugar del solicitante de licencia: ambos tienen fuero, ya que esa inmunidad es inmaterial, a diferencia de la curul, que sólo uno puede ocupar.
Sólo sería imposible desaforar al diputado con licencia que recibió con avidez dinero de Carlos Ahumada si el PRI viera en el trámite correspondiente un doble riesgo y rehusara asumirlo. Por un lado, se pondría de manifiesto el contraste entre un partido que prohíja la corrupción y uno que la combate o al menos no se erige en defensor del acusado de practicarla. Por otra parte y eso es más importante, para declarar que procede enjuiciar a Bejarano se requiere echar a andar el mecanismo que deliberadamente fue fracturado en septiembre pasado para evitar el desafuero de Aldana, tesorero del sindicato de Pemex. Y quizá el PRI no sea un entusiasta reparador de tal avería.
Se tendría que integrar la Sección Instructora, paso que el PRI pretendió impedir en la legislatura pasada en el caso de dicho senador (y en aquel momento también del secretario general del sindicato, Carlos Romero Deschamps) y a cuyas acciones privó de eficacia aprovechando el tránsito de una legislatura a otra. Recuérdese que en septiembre pasado el PRI ganó el alegato de que era necesario devolver los dictámenes relativos a Aldana en vez de que culminara el procedimiento. Si se integra tal Sección Instructora para examinar el caso del diputado local perredista, por fuerza tendría que ocuparse también del senador priista. Y es claro que en la bancada del PRI ni reformadores ni conservadores (para emplear la terminología que resulta del enfrentamiento interno) están dispuestos a exponer a Aldana a un juicio penal, resultante de su desafuero.
La Sección Instructora es un pequeño grupo de cuatro legisladores, designados de entre los 16 que a su vez fueron nombrados miembros de la Comisión jurisdiccional. Conste que el quinto párrafo del artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso establece que la Sección Instructora se integra con diputados que forman parte de la jurisdiccional, no que esa comisión haga los nombramientos, como especiosamente afirmó el PRI en la legislatura pasada, pretendiendo con ello que era inválida la integración de aquella Sección Instructora porque sus miembros fueron designados por la Junta de Coordinación Política.
En todo momento, del modo en que se integra la Sección Instructora depende su desempeño y su dictamen. En la legislatura pasada, la Instructora que no pudo proponer el desafuero de Aldana y Romero Deschamps se integró con dos panistas, un priista y un perredista. Aunque parecía un abuso, tal combinación era garantía para su funcionamiento. Si se hubiese designado un diputado de cada partido, el Verde tendría una posición y debido a su alianza con el PRI se habría generado, a priori y para siempre, un empate de dos a dos. Ese problema fue resuelto por la comunidad de intereses de panistas y perredistas. Pero para integrar la Sección Instructora en esta legislatura no existe más tal comunidad de intereses en ninguna combinación posible.
Escuchado el fragor de la batalla del martes entre panistas y priistas (los coordinados por Emilio Chuayffet), por la sustitución de miembros de comisiones, es difícil una actuación conjunta de esos dos grupos, respecto de casi cualquier tema. La mayoría tricolor recibió en este caso el apoyo de un buen número de perredistas porque, por un lado, la Ley establece “el coordinador del grupo parlamentario al que pertenezcan los diputados miembros de las comisiones podrán solicitar su sustitución” y por otro el grupo del PRD no quiere exponerse a que se interfiera en sus decisiones internas sentando el precedente de injerirse en las ajenas. Pero esa comunión es circunstancial y específica, difícilmente repetible si se trata de integrar la Sección Instructora.
Aunque escindida y menguada, la fracción priista tiene un número mayor de diputados que cualquiera otra. Es, por lo tanto, todavía el eje de las decisiones. Si la Cámara acata el pedido del procurador Bernardo Bátiz, el grupo más grande buscará que la Sección Instructora tenga un miembro suyo y uno del Verde (que será Manuel Velasco, único diputado del PVEM en la jurisdiccional). Pero también podría estorbar una y otra vez ese trámite.
