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MÉXICO, DF.- Más de 700 comuneros de Xalatlaco, estado de México se retiran de la zona del predio Agua Grande y regresan a su comunidad, mientras algunos grupos quedan frente a un cerco de 300 policías del Distrito Federal.
Alfonso Jiménez dijo que se reaagruparían hoy para marchar desde ese municipio del Edomex en protesta a un destino sin confirmar para protestar por el despojo del predio, informaron ayer noticieros de radio.
A pocos kilómetros de la zona de conflicto entre comuneros de Xalatlaco y El Ajusco, autoridades del estado de México mantienen un cerco de vigilancia con más de 750 policías preventivos, ministeriales y municipales, a fin de resguardar comunidades aledañas a estas localidades, así lo dio a conocer el procurador del Estado de México, Alfonso Navarrete Prida, quien dijo que el caso está en manos del Gobierno del Distrito Federal y de las autoridades federales.
Poco después de las 13:00 hora local, había una tensa calma en el predio en conflicto ante el interno de comuneros de Xalatlaco para reocupar el terreno, a pesar de la presencia de elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y del Distrito Federal, debido a que fueron desalojados a las diez horas de Agua Grande, donde permanecían en resguardo de la propiedad desde el martes por la tarde.
Llama Creel al orden
El secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, sostuvo que en el conflicto de Xalatlaco “no vamos a permitir que se viole el Estado de Derecho” y urgió que las partes confrontadas respondan con disposición a dialogar y de llegar a acuerdos.
Luego de una escalada de violencia, con uso y exhibición de armas de fuego en el predio de Agua Grande, ayer Creel deslindó competencia al decir que los cuerpos policiacos del Estado de México y del Distrito Federal, así como la Policía Federal Preventiva (PFP) “deben hacerse cargo de mantener el orden” en la zona.
“Las áreas políticas, dijo, en la Secretaría de Gobernación tienen la responsabilidad de encontrar una solución convenida, en tanto que los tribunales deben decidir el conflicto en el marco del derecho”.
Entrevistado en el palacio de Covián, al tiempo que en el predio Agua Grande concluía una escaramuza por el desalojo de personas no autorizadas, expuso que ante este problema “todos tenemos que estar trabajando”.
Por lo que toca a la Secretaría de Gobernación, anotó, tiene las puertas abiertas para que las partes logren una solución. Y delimitó que la dependencia a su cargo “no tiene mando policial, lo cual está en otras instancias, que deben actuar de inmediato si hay violación al Estado de Derecho”.
En el caso de Xalatlaco, refirió que se busca una solución que permita salvaguardar los derechos de las partes en conflicto, que sea la base de forma armónica de convivencia.
Comentó que buscar una salida mediante el diálogo, de ninguna manera significa que las autoridades federales permitan el desorden o la violación de la Ley.
Y subrayó: “Una cosa es dialogar, buscar un acuerdo dentro del marco de la Ley y otra cosa es el desorden, la violencia que no se va a permitir”.
Creel Miranda dijo que en la rama política corresponde a la Secretaría de Gobernación “estamos conscientes de las dificultades que plantea el caso, que ha tenido distintos litigios desde hace décadas”.
Resaltó que es clara la decisión federal de resolver el problema agrario como pudo hacerse también en los casos de Bernalejo de la Sierra, en Zacatecas y los chimalapas en la región sur del país.
