No es posible que en materia de desarrollo social existan criterios cambiantes derivados de las tendencias políticas y doctrinales de quienes ocupan cargos públicos. Porque la realidad social es una y si bien deben tomarse en cuenta determinados parámetros para priorizar las acciones que cada administración debe emprender, ello no puede ser justificante para reducir o cancelar programas al gusto del poder Ejecutivo.
Es por ello que resulta plausible el hecho de que la Presidencia de la República haya impulsado una ley de Desarrollo Social, cuyo decreto de promulgación se firmó recientemente, con la finalidad precisamente de establecer parámetros claros que terminen con esa política errática que ha venido practicándose desde hace muchos años mediante la cual las acciones en esa materia se ajustan cada seis años a las preferencias presidenciales.
La divergencia de intereses no se evidenciaba tanto en el pasado cuando los titulares del Ejecutivo provenían de un mismo partido, aunque sí era notoria la oculta intención de romper con el pasado e instaurar programas de acuerdo con los intereses y las preferencias de cada presidente. Pero en la actualidad, dada la alternancia en el poder, de las divergencias se pasó a la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, por lo que era urgente definir en una ley criterios claros y precisos en materia de desarrollo social.
Igual se debe hacer en el estado, pues hasta donde se tiene información existe un proyecto de ley de desarrollo social que apenas se ha comenzado a discutir, por lo que es necesario que el Congreso local intensifique sus deliberaciones y lo antes posible se apruebe ese proyecto a fin de que Coahuila cuente con una Ley que fije reglas claras y precisas en las que se establezcan las bases para atender los problemas sociales más agudos que enfrenta la población de nuestro estado.
