En una verdadera “fiesta de lodo” se han convertido los presuntos casos de corrupción en los que se afirma incurrieron algunos miembros destacados del Partido de la Revolución Democrática, pues en vez de permanecer callados y esperar a ser llamados ante las instancias de la Procuraduría del DF para declarar ahí lo que saben, todos los implicados en esos casos se han dado a la tarea de justificar su actuación denunciando a otros de sus compañeros.
Así, René Bejarano afirma haber dado los recursos que clandestinamente le entregó Carlos Ahumada a la delegada en Álvaro Obregón, Leticia Robles, lo que ésta niega enfáticamente. A su vez, Carlos Imaz, delegado en Tlalpan, declara que él recibió dinero de Ahumada por instrucciones de Rosario Robles, lo que ésta desmiente y para colmo de confusiones, el ex secretario de finanzas del DF, Gustavo Ponce, sostiene que él realizó movimientos financieros ilegales por instrucciones del jefe de Gobierno capitalino Andrés Manuel López Obrador.
Quien provocó que el caso saliera a la luz pública, Carlos Ahumada, se dice extorsionado por Bejarano y responsabiliza anticipadamente a López Obrador de cualquier atentado que pueda producirse en su contra, mientras que el jefe de Gobierno anuncia que en esta misma semana dará a conocer las pruebas que, según él, demuestran que funcionarios del Gobierno foxista están detrás de todas las imputaciones que se le han lanzado con el ánimo de dañarlo políticamente.
En suma, estamos en presencia de una serie interminable de descalificaciones que, independientemente de los delitos que puedan configurar los actos que les sirven de base, han provocado entre los gobernados y el electorado una imborrable impresión de que Gobierno, políticos y partidos tomaron por asalto las instituciones públicas y los institutos políticos para servirse de ellos y no para servir a la sociedad como tantas veces se repite en el discurso público, lo que sin duda redundará en un lamentable desprestigio institucional.
