Saltillo, Coah.- Pese a que en el estado podría estar operando una red de traficantes de indocumentados, el Instituto Nacional de Migración cede el caso a la Procuraduría General de la República instancia encargada de seguir las investigaciones correspondientes a dicha situación; sin embargo la subdelegación estatal de la PGR dice desconocer el caso y descarta un posible proyecto de investigación.
Marco Antonio Pérez Ramos subdelegado del INM dio a conocer la posible existencia de una red de traficantes de indocumentados en el estado en la que podrían estar involucrados taxistas de las diferentes regiones que conforman la entidad.
Agregó que del año 2003 a la fecha, la dependencia a su cargo presentó ante la delegación estatal de la PGR 16 querellas donde se acusa directamente a taxistas que trasladan a migrantes por el interior del estado hasta las zonas fronterizas a fin de evitar los retenes militares estacionados en puntos estratégicos de las carreteras que atraviesan Coahuila.
Dijo que los municipios donde más se presenta esta situación son Saltillo, Monclova y Piedras Negras, pues el INM cuenta con un registro que ha censado cuatro, ocho y dos denuncias respectivamente.
Mientras que el resto corresponden a municipios como Torreón y Ciudad Acuña donde solo se ha presentado una denuncia correspondiente a cada zona.
Según los datos proporcionados por la subdelegación estatal del INM, los taxistas presuntamente implicados en el tráfico de migrantes intentaron transportar a alrededor de 60 indocumentados.
Pérez Ramos expresó que el siguiente paso en la investigación es que la PGR inicie las indagaciones correspondientes para determinar si de verdad existe una red de traficantes de indocumentados o los taxistas pretenden hacer su negocio por separado.
Al respecto José Luis Peña Cruz subdelegado de PGR en Saltillo aseguró que la dependencia a su cargo “no tiene conocimiento de estos casos” y agregó que si los presuntos taxistas polleros fueron encontrados en flagrancia, las autoridades del INM debieron haberlos puesto a disposición inmediata de la procuraduría para que esta procediera conforme a derecho.
Sin embargo al abundarle sobre el tema al subdelegado, aceptó tener conocimiento de un caso que ocurrió en Saltillo, donde un taxista trasladaba a unos migrantes hasta un motel.
Acerca de su contradicción Peña Cruz dijo “bueno, de todas maneras el asunto se le dará curso y trámite hasta que implementemos un operativo con respecto a esto que usted me menciona”.
Lo malo es que según informes del mismo , la PGR aún no tiene planeado un operativo para detectar y capturar a los presuntos taxistas polleros y de llevarse a cabo sería a reserva de que el INM establezca una vigilancia al respecto no obstante que la dependencia federal no tiene fuero para efectuar las indagaciones correspondientes.
Presuntos taxistas polleros de Saltillo:
Sabino Mendoza Solís 60 años detenido por transportar el 17 de abril
a cinco migrantes a Monclova.
Victor Manuel Silva 40 años detenido el pasado el 22 de julio cuando
Pineda trasladaba a cuatro migrantes a un
motel.
Víctor García Rodríguez 46 años detenido por atropellar a una joven y
descubrirle luego que trasladaba a cinco
migrantes hasta las vías ferrocarril de
Ramos Arizpe.
Articulo 138
Se impondrá pena de seis a doce años de prisión y multa de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el distrito federal en el momento de consumar la conducta, a quien por si o por interpósita persona, con propósito de trafico, pretenda llevar o lleve mexicanos o extranjeros a internarse a otro país, sin la documentación correspondiente.
Igual pena se impondrá a quien por si o por medio de otro u otros introduzca, sin la documentación correspondiente expedida por autoridad competente, a uno o varios extranjeros a territorio mexicano o, con propósito de trafico, los albergue o transporte por el territorio nacional con el fin de ocultarlos para evadir la revisión migratoria.
A quien a sabiendas proporcione los medios, se preste o sirva para llevar a cabo las conductas descritas en los párrafos anteriores, se le impondrá pena de uno a cinco años de prisión y multa hasta el equivalente a cinco mil días de salario mínimo conforme al que este vigente en el distrito federal.
Se aumentaran hasta en una mitad las penas previstas en los párrafos precedentes, cuando las conductas descritas se realicen respecto de menores de edad; o en condiciones o por medios que pongan en peligro la salud, la integridad o la vida de los indocumentados; o bien cuando el autor del delito sea servidor público.
