La mayor parte de los agentes del Ministerio Público desconocen cuándo entrará en vigor el nuevo Código Penal y sólo unos cuantos, mutuo propio, se pusieron a estudiar las modificaciones que sufrió, porque hasta el momento, en forma oficial, en la Procuraduría General de Justicia no se les ha dado capacitación sobre el particular.
Lo anterior es el resultado de una investigación realizada por El Siglo de Durango. Opiniones encontradas fueron vertidas por algunos agentes del Ministerio Público con respecto a las reformas al Código Penal del Estado; una gran parte desconocía su entrada en vigor, y hay aquellos que sin obtener la orden del Procurador de Justicia hicieron lo necesario para estudiar las adiciones que operarán a partir del próximo martes.
A decir del titular de la institución, José Oliverio Reza Cuéllar, los cuadernillos (con las reformas al Código) ya fueron engargolados para su entrega a los más de 30 agentes que operan en la capital del estado, cuyo contenido son las reformas de los artículos, faltando de recibirlo la mayor parte de los fiscales del interior del estado.
Los agentes investigadores adscritos a los diferentes juzgados penales tuvieron en su poder el documento con los agregados desde hace mes y medio, ignorando por qué los adscritos a la DAP no contaron con la misma suerte de conocer con anticipación dicha legislación en materia penal.
En un sondeo realizado con varios agentes del Ministerio Público que accedieron a dialogar, previa omisión de sus nombres, ya que señalaron que podrían ser objeto de represalias por parte de sus jefes directos, manifestaron diversos comentarios, en su mayoría de desconocimiento.
Uno de los cuestionados afirmó que tuvieron acceso al documento mediante ponencias y conferencias a las que la LXII Legislatura los invitó, con la salvedad de que varias de sus propuestas fueron omitidas, como los delitos cibernéticos, delitos culposos como accidentes viales, específicamente en lo referente a las pólizas.
?Creemos que este documento fue elaborado muy al vapor, ya que faltó madurarlo un poco más, pero por la premura de las elecciones y el final de sexenio fue aprobado de manera irresponsable, sin consensuarlo con otras instancias, principalmente con aquellas que deben lidiar a diario con la aplicación de la ley?.
Otro comentario de los entrevistados fue referente a que ignoraba la cercanía del plazo, pero si la fecha para la entrada en vigor de las reformas era el martes próximo, la propia dirección se haría cargo de ponerlos al tanto, sólo que en dos o tres días, cuando debió realizar algunas mesas de opinión para retroalimentarse.
?Lo más seguro es que quieran capacitar en poco tiempo a los agentes, situación que pudiera generar algunas confusiones?, dijo.
De las pocas opiniones afirmativas encontradas, una llamó la atención al señalar que de manera independiente a los ordenamientos de la corporación, adquirió el Periódico Oficial con fecha del 29 de abril e inició con la lectura del documento que consta de 137 artículos, con las reformas en delitos como clonación de tarjetas de crédito, pornografía infantil, maltrato familiar, acoso sexual, daños a bienes, entre otros.
Dentro de los comentarios dados a conocer por los fiscales, se sabe que a finales del 2003 cada agente, previa solicitud de la Dirección, enviaron al Congreso del Estado propuestas para las reformas, agregados que al parecer fueron desestimados por la comisión encargada de la elaboración del documento.
OFICIO
Misión imposible
Mediante un oficio girado por la Dirección de Averiguaciones Previas a los agentes investigadores, se les hizo del conocimiento que para el próximo 11 de julio deberán entregar debidamente inventariadas las averiguaciones que datan desde 1998 a la fecha, como parte del proceso de entrega-recepción por el final del sexenio.
Las quejas de una gran parte de funcionarios fueron en el sentido de la premura del proceso, ya que deberán dedicar hasta los fines de semana a la tarea, porque hay en promedio más de tres mil expedientes para conocer su estado procesal de cada uno. Dicho trabajo será revisado por la Contraloría, quien dará legitimidad a la información de cada mesa.
