En el caso del alcalde Guillermo Anaya, el lucimiento o la intrascendencia de su Gobierno dependerá de su capacidad para diferenciarse de sus antecesores priistas y corregir yerros del pasado.
Lo anterior viene a cuento, porque entre los retos múltiples que enfrenta la ciudad de Torreón, destacan dos ejemplos en los que se alzan voces de ciudadanos que interpelan a la autoridad municipal, en demanda de solución a problemas nacidos al amparo de la indiferencia o al proceder indebido de la pasada administración.
El primero de ellos concierne a un manifiesto del Consejo de Instituciones de Educación Superior de la Laguna, que agrupa a diversas Universidades públicas y privadas de la Comarca Lagunera, con el propósito de una colaboración interinstitucional, que busca con todo derecho trascender a la sociedad. Las instituciones mencionadas, solicitan el desalojo de terrenos federales que corresponden al antiguo Canal de Sacramento frente a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, al pie del Libramiento Periférico.
De acuerdo al reclamo de las universidades públicas y privadas agrupadas en el Consejo referido, los terrenos en mención fueron invadidos y en ellos, se ha instalado una especie de “zonita de tolerancia” en la que operan negocios en diversos giros, que incluyen la venta de bebidas alcohólicas y prostitución.
A los reclamos hechos por la sociedad en tiempos de Salomón Juan Marcos, el Ayuntamiento respondió en el sentido de deslindarse del problema, alegando que se trata de terrenos federales en los que el Municipio no tiene injerencia.
El argumento suena a pretexto, pues no explica el porqué la Dirección de Obras Públicas y la Dirección de Finanzas del Municipio autorizaron la construcción de locales y se extendieron permisos para que funcionen negocios, que en algunos casos incluyen permisos para venta de bebidas embriagantes, que deben ser legalmente revocados por la actual administración mediante los procedimientos jurídicos que correspondan.
Lo anterior es posible sin perjuicio de que por aparte, el Municipio gestione ante la Comisión Nacional del Agua una iniciativa de reivindicación y regularización de esos terrenos, también por la vía legal.
El segundo caso corresponde a la protesta que hacen vecinos de la Colonia Campestre la Rosita, que se oponen a la construcción de un edificio multifamiliar en una zona que desde que se planeó hace treinta años, fue autorizada como área habitacional de baja densidad. Lo anterior implica que la lotificación debe resultar en terrenos de quinientos metros cuadrados por unidad familiar como mínimo y el límite de altura de la construcción es de dos niveles sobre la superficie.
Argumentan los inconformes que durante el breve interinato de Javier Garza de la Garza, el Ayuntamiento autorizó el cambio de uso del suelo para favorecer a familiares del entonces Alcalde, que son propietarios de los terrenos en cuestión.
Con toda razón, los vecinos demandan el respeto a las reglas originales que fueron determinantes para que adquirieran lotes en ese preciso lugar a un alto costo para construir sus viviendas y que además del agravio jurídico que el proyecto implica, el área se saturará porque carece de infraestructura de servicios para recibir un multifamiliar de cinco pisos como el que se pretende erigir, sin dejar de mencionar el impacto ecológico que lo anterior supone.
El desorden que priva en Torreón en materia de desarrollo urbano, es un viejo problema que tiene su origen en el abuso de funcionarios públicos coludidos con ciudadanos sin escrúpulos, en torno de intereses inconfesables.
La avanzada legislación civil que existe en Coahuila en materia de modalidades al derecho de propiedad, que tiende a armonizar los intereses de particulares en aras de una mejor calidad de vida en común en materia de bienestar, funcionalidad y estética asociados al desarrollo urbano, es letra muerta.
Por doquier en la fisonomía de nuestra ciudad, encontramos viejos y nuevos ejemplos de grandes y pequeños abusos como es la falta de estacionamiento, el caso del trazo caprichoso del bulevar Constitución, el abigarrado y sofocante bulevar Revolución y las incontables violaciones a los reglamentos de construcción de las que no se escapan ni las colonias residenciales de postín.
Es claro que los ciudadanos de Torreón que apoyan la alternancia en el ejercicio del poder, lo hacen con la intención y el deseo de que las cosas cambien para mejorar y no para que los problemas permanezcan irresueltos o se agraven, por el solo hecho de que hayan tenido su origen en el pasado.
La capacidad que demuestre la actual administración panista para reparar viejos agravios y para acreditar que las cosas son distintas a como fueron, será la única justificación de su discurso a favor del cambio.
