cuando fue nombrado coordinador de la Policía Ministerial de Morelos en mayo de 2001, Agustín Montiel ya tenía un historial que lo desautorizaba para el cargo: en 1991 y 1992 fue sujeto de sendas recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por maltrato a reos en Guerrero y aun se inició una averiguación previa sobre su conducta, por igual motivo. Luego, sólo se mantuvo un mes como director de la penitenciaría del Distrito Federal, en 1996.
Pero tal vez se había regenerado a su paso por la dirección de readaptación social de Jalisco, a cuyo Gobierno panista se incorporó en marzo de 1997 y este precedente fue el que determinó que el también panista gobernador de Morelos, Sergio Estrada Cajigal lo nombrara jefe de la Policía de Investigaciones de la Procuraduría estatal.
Lo hizo a espaldas de José Luis Urióstegui, de quien dependería Montiel y contra el parecer de legisladores locales de los tres partidos mayores, opuestos a la designación. Urióstegui renunciaría después a su cargo de procurador, en que fue reemplazado por Guillermo Tenorio, que ha aparecido asociado a las actividades delictuosas de Montiel, quien fue aprehendido anteayer en las propias instalaciones de la Subprocuraduría de la PGR que combate a la delincuencia organizada. Como consecuencia de su detención, la Policía Ministerial morelense fue intervenida por la PGR y un centenar de sus miembros fueron desposeídos de las armas de cargo correspondientes. Todo ello se hizo en ausencia del gobernador Estrada Cajigal, de paseo en Jalisco, al que la SIEDO nada informó, quién sabe si por descortesía o por precaución.
Graco Ramírez Garrido Abreu, dirigente perredista en Morelos, había descrito la tarea del ahora detenido coordinador de la Policía Ministerial desde el ocho de noviembre de 2002, en una carta dirigida al presidente Vicente Fox: “Agustín Montiel no combate el crimen, sino que mediante una operación selectiva lo único que hizo fue perseguir a los que se entendían con los antiguos funcionarios y los sustituyó con una compleja red delincuencial que actúa vinculada al narcotráfico, robo de vehículos de lujo y secuestros que se realizan en entidades contiguas”.
Esta modalidad fue explicada más tarde por el propio Ramírez Garrido Abreu: “La regla que impuso Agustín Montiel es no secuestrar más gente en Morelos. Hay averiguaciones previas de las procuradurías de Guerrero, Puebla y el Distrito Federal, en que se confirma que las víctimas son de esos lugares, pero estuvieron en cautiverio en Morelos. Esto por la protección que la policía morelense otorga a los secuestradores”.
Esas palabras figuraron en un reportaje sobre el tema aparecido el 19 de enero del año pasado en el semanario Proceso. El asunto fue tocado también en la revista Cambio, de la misma fecha. El contenido de ambas publicaciones fue descalificado por Estrada Cajigal, que en vez de hacerlos investigar se solidarizó con sus colaboradores. En un comunicado del 20 de enero dijo que en ambas publicaciones se “pretende implicar a diversos funcionarios del Gobierno del estado de Morelos con actos de corrupción, robo y narcotráfico. Debo agregar que en ninguna de ellos se ofrece el sustento de la información ni la versión del Gobierno del estado de Morelos”.
Estrada Cajigal pretendió con esa toma de posición eludir un problema que ahora le ha estallado en las manos. La historia que quiso minimizar incluía varios homicidios y amenazas. El 24 de junio de 2002 fue ultimado Benjamín Gómez Pacheco, un presunto narcotraficante, que poco antes de su asesinato tuvo comunicación telefónica con quien lo mataría. Éste a su vez, según comprobaron los registros de llamadas, había conversado por esa vía con el procurador Tenorio y el subprocurador Alejandro Hernández Arjona: un total de veinte llamadas y 24 minutos de comunicación.
Al desconcertante hecho de que un presunto homicida alternara telefónicamente con los responsables de la procuración de justicia se añadieron otros hechos igualmente sorprendentes: Por un lado, el agente judicial que descubrió esa liga fue retirado de la investigación. Lo apartó de ella el propio Agustín Montiel, que lo convocó a su presencia a través del director de la Policía Ministerial para la zona de Cuernavaca, Luis Alain Pano Vega. Éste fue asesinado el 31 de octubre pasado, en un ataque con armas de alto poder. En su vehículo se halló una importante cantidad en efectivo y comprobantes de depósitos bancarios. Al agente separado del caso, obligado inmediatamente después a renunciar, Montiel mismo informó que la investigación sería cerrada por decisión del procurador Tenorio, el secretario de Gobierno Eduardo Becerra y el propio Estrada Cajigal.
El otro hecho sorprendente fue la visita que Ramírez Garrido Abreu recibió en su oficina de Cuernavaca el 14 de noviembre pasado. El hombre que asesinó al presunto narcotraficante el 24 de junio y habló con los responsables de la Procuraduría, y se benefició con la cancelación de la pesquisa, Marco Enrique Yépez Uribe, apodado El Jarocho, lo buscó para informarle que le había sido confiada su ejecución, pero no la llevaría a cabo. Ramírez Garrido Abreu denunció los hechos ante la Procuraduría federal. Como resultado de la investigación respectiva El jarocho está en la cárcel desde mayo de 2003, por los homicidios de Gómez González y Pano Vega y ahora ha sido aprehendido Montiel, que siguió siendo jefe policíaco no obstante estar sujeto a investigación.
