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Designan ministro para indagar cuentas de Pinochet

El ministro especial fue solicitado por los abogados y activistas de derechos humanos Carmen Hertz y Alfonso Insunza .

20 de julio de 2004.

SANTIAGO DE CHILE (AP).-La Corte de Apelaciones designó el martes un ministro especial para que investigue el origen de las millonarias cuentas por hasta ocho millones de dólares que el ex dictador Augusto Pinochet mantuvo en un banco estadounidense hasta el 2000.

El designado -por turno- es el juez Sergio Muñoz, de reconocida trayectoria por resolver bullados casos de abusos contra los derechos humanos y que actualmente indaga una escandalosa red de pedofilia local.

El ministro especial fue solicitado por los abogados y activistas de derechos humanos Carmen Hertz y Alfonso Insunza, que pidieron que Pinochet sea indagado por fraude, malversación de fondos y cohecho.

Un subcomité senatorial estadounidense descubrió que Pinochet tuvo al menos seis cuentas en el Banco Riggs, de Washington, con depósitos que oscilaron entre los 4 y 8 millones de dólares entre 1994 y el 2002.

Por ahora el entorno del general Pinochet ha intentado justificar sus depósitos en Estados Unidos con donaciones o "errores" al contabilizar sus movimientos bancarios, mientras el gobierno advierte que lo importante es saber el origen de los fondos.

Simultáneamente, el Consejo de Defensa del Estado define si pedirá el procesamiento del ex dictador por delitos financieros en Chile.

La hija mayor del anciano general, Lucía Pinochet Hiriart, atribuyó los dineros a donaciones de "empresarios chilenos y extranjeros" antes y después del plebiscito de 1988, que obligó al ex dictador a entregar el poder a los civiles en 1990.

"Sabían que si perdía el plebiscito iba a quedar a merced de sus peores enemigos", dijo Lucía Pinochet durante una entrevista con el canal 7 de televisión el lunes en la noche.

Lucía Pinochet Hiriart fue el primer miembro de la familia Pinochet en admitir la posibilidad de que su padre realmente tuvo esos dineros en el Riggs.

Señaló que quizás fueron recolectados para solventar los gastos que tuvo su padre por su arresto domiciliario de 503 días en Londres, entre octubre de 1998 a marzo del 2000, cuando el juez español Baltasar Garzón quiso procesarlo por los abusos de su régimen dictatorial.

Marco Antonio, el hijo menor del ex dictador, dijo el martes que "este dinero es producto del ahorro y donaciones".

Dio a entender que son dineros que Pinochet recibió tras perder el plebiscito de 1988. Cuando "se ve enfrentado a este problema que se le venia encima... sus opositores que lo querían llevar al banquillo... era dinero para de alguna manera protegerlo".

El equipo jurídico que apoya a Pinochet se pregunta, según el diario El Mercurio, "si la contabilidad fue hecha sobre fondos frescos o se sumaron sucesivamente la renovación de depósitos, las reinversiones y los traspasos de una cuenta a otra".

La oposición y el oficialismo coinciden en que es imposible que Pinochet reuniera tanto dinero sólo con fondos provenientes de su salario de comandante en jefe del ejército y de ex Presidente.

El Consejo de Defensa del Estado, CDE, se reunía el martes para decidir, basados en sus indagaciones preliminares, si pedirá a la justicia el procesamiento de Pinochet por delitos financieros.

Clara Szczaranski, presidenta del autónomo CDE, anticipó que si el origen de los dineros es ilícito, no corresponde al Estado percibir impuestos.

"Mientras no se tenga claro el origen, es un tema que pertenece a la justicia del crimen" para que decida según las "explicaciones que dé el propio imputado (Pinochet), agregó.

Lucía Pinochet Hiriart y el vocero de Pinochet, el general retirado Guillermo Garín, coincidieron en que cuando le preguntaron al ex dictador por las cuentas, reveladas el jueves, no supo responder.

La noticia "le produjo realmente como un shock y un poco lo vi como que había retrocedido" en su salud, declaró la hija de Pinochet.

El general retirado, de 88 años, tiene una diabetes avanzada y una demencia vascular a causa de sucesivos microderrames cerebrales, según los diagnósticos médicos.

Garín ha dicho a la AP que Pinochet "está confuso, manifiesta su sorpresa, no entiende el problema".

"Lo que él dice no me permite a mi responder con seguridad cosas fidedignas", añadió Lucía Pinochet.

Demandan a Pinochet

Augusto Pinochet fue acusado el martes en Chile de fraude y otros delitos financieros por las supuestas cuentas secretas que mantenía el ex dictador en un banco estadounidense.

La abogada Carmen Hertz, esposa de un político ejecutado a pocos días del golpe de 1973 que encabezó Pinochet, interpuso la denuncia por fraude al fisco, malversación de fondos públicos y cohecho ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

"Es imperioso que en Chile, con toda transparencia y con toda exigencia, se investiguen las acciones de Pinochet, ya que ha hecho transferencias hasta al menos el año 2003 en forma lúcida y contradiciendo los últimos fallos de los tribunales chilenos de que está loco o demente", dijo Hertz.

La corte deberá nombrar un juez especial para indagar la eventual responsabilidad del octogenario militar en esos delitos, sospechas surgidas de la investigación del Senado estadounidense al banco Riggs, que determinó que Pinochet poseía cuentas por entre 4 y 8 millones de dólares en esa entidad.

Pinochet, de 88 años, ha sido procesado y desaforado en juicios por violaciones a los derechos humanos cometidas por sus subordinados tras su violenta llegada al poder.

Sin embargo, nunca había enfrentado causas por delitos financieros.

Según Hertz, el presunto ocultamiento de las cuentas habría afectado el "interés" de Chile, Estados Unidos y de España, ya que la justicia de ese último país ordenó el embargo de sus bienes a fines de la década del '90, cuando Pinochet estuvo detenido en Londres a petición del juez Baltasar Garzón, quien los acusaba de genocidio y crímenes contra la humanidad.

La denuncia interpuesta por Hertz no sería la única, pues se espera que el fisco chileno interponga una acción similar a través del Consejo de Defensa del Estado (CDE), un organismo autónomo que actúa como una especie de fiscalía pública.

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