La marcha para apoyar a un político, contra el que se está siguiendo un procedimiento para quitarle el fuero y sujetarlo a un juicio penal, por haber incurrido en desacato al mandamiento de una autoridad federal, se ha celebrado con gran éxito. De acuerdo con los primeros cálculos acudieron al llamado, en estimaciones hechas por agencias internacionales de noticias, hasta 350 mil ciudadanos desfilando por las calles de la capital de la República en protesta por que se pretende privar de su cargo al jefe de gobierno del Distrito Federal. Los organizadores dicen que la movilización es un factor que no puede ser ignorado por las autoridades federales so pena de que pueda llevar a una crisis social cuyas consecuencias son impredecibles. Lo que algunas personas nos estamos imaginando es que si las autoridades, en este punto del camino, deciden dar marcha a atrás nada ni nadie podrá ya detener el que Andrés Manuel López Obrador sea ungido como candidato a la Presidencia de la República.
La ciudadanía se cuestiona si de aquí en adelante cualquiera que cometa un hecho castigado por la ley ¿será suficiente con que organice una manifestación, que vaya por las calles, para eludir su procesamiento?. Las ciudades, a lo largo y ancho del país, estoy convencido, se convertirían en un caos. Es claro que si se trata de un asunto criminal las autoridades del ramo harían mal en eludir el mandato que las obliga a procesar a quien haya delinquido. Ahora que si con el deambular se trata de reparar un abuso de autoridad, que con fines eminentemente políticos decide procesar a un individuo para evitar que participe en una elección, sería otro cantar. Habría que comparar, guardando las debidas distancias, con lo que informan los periódicos está sucediendo en el interior de la Universidad de Coahuila donde sus autoridades han decidido, de golpe y porrazo, romper con la limpia trayectoria democrática que en el devenir de su vida ha caracterizado a esa institución.
Se aproxima la elección de rector de esa máxima casa de estudios. El actual pretende cubrir dos períodos al frente de la rectoría. La tranquilidad se ha visto mancillada en estos días cuando los partidarios de la reelección del actual rector, ante la decisión de contender del coordinador de Estudios de Posgrado e Investigación, Rafael Arguello Astorga, en un arrebato de ciega cólera lo dejaron fuera, de seguro, para que aprenda quienes son los actuales dueños de la Universidad y como castigo a su atrevimiento de pensar por si mismo.
Es algo recurrente que pone en entredicho que los aires democráticos de que está imbuido el país no haya llegado a una Universidad donde se prepara a la juventud que es símbolo de los mejores ideales que corresponden a una colectividad.
Si Arguello logra llegar a las urnas, celebrándose un proceso electoral con limpieza, no dudaría un tantito en apostar a su favor. Lo mismo digo del actual Jefe de Gobierno en el D. F. No estoy vaticinando nada que no hayan dicho las encuestas. El pueblo cuenta con un sexto sentido que le indica donde se está cometiendo una injusticia. Es claro que un rector que va a terminar su primer período cuenta con la ventaja que le da el control de los cuadros universitarios. El Gobierno Federal tiene los hilos del poder político y de los económicos para empujar a su favorito. En ambos casos, sin necesidad de llegar a extremos de tener que demostrar un despotismo trasnochado, pudieron darse el lujo de permitir que surja la oposición. En una democracia, a menos que sea un mito, deberían estar prohibidas las actitudes dictatoriales, tiránicas, totalitarias, autocráticas y absolutistas. He de seguir con el tema, si lo que suceda lo amerita.