Mientras escribo esta columna, los órganos electorales en Aguascalientes, Baja California y Oaxaca realizan el cómputo de los comicios del domingo pasado. Es probable que ese acto no se realice en un ambiente cordial y terso, sobre todo allí donde las diferencias son muy breves. No es imposible que algunas sesiones deban suspenderse por hechos violentos como el apoderamiento de la papelería electoral, para alterar los resultados o para impedir que se alteren.
De cualquier forma, el cómputo es parte de la secuela formal de la jornada electoral. Vendrá después la entrega de las constancias de mayoría a los candidatos que en esta fase del proceso aparezcan con más votos que sus contendientes. Y más tarde la vertiente judicial, en que intervienen los tribunales electorales locales y el federal y eventualmente jueces penales, aunque el ministerio público federal (su fiscalía especializada en asuntos electorales) no recibió denuncias sobre hechos ilícitos acaecidos el domingo mismo.
Se ha dado noticia de innumerables irregularidades, sobre todo en Oaxaca, que no se documentan y que por lo tanto no pueden ser sancionadas o anulados sus efectos. A pesar de que se ha avanzado en la regulación jurídica electoral, ésta es todavía, por un lado, demasiado formalista y por otro, partidos y candidatos no se apartan en la medida suficiente de la mera denuncia política y mediática.
Téngase, por ejemplo, el fraude cibernético denunciado en esa entidad por la coalición Todos somos Oaxaca. Rigurosamente hablando, es imposible realizar fraude mediante la sola manipulación de los resultados preliminares. Hace una década se inauguró la difusión temprana del número de votos emitidos por cada partido en las casillas. Se estableció para satisfacer la necesidad de información pronta, especialmente necesaria en situaciones de conflicto, para evitar el maquillaje de los votos. Pero alterar la difusión electrónica de los resultados, como parece haber ocurrido en Oaxaca horas después de cerrada la votación, no siendo un hecho trivial tampoco es en sí mismo constitutivo de fraude. Lo es sólo si se manipulan también las actas en las casillas y en los consejos donde se realiza el cómputo. Tampoco es ilegal, necesariamente, que los programas de resultados preliminares se den por terminados sin contar con los datos del ciento por ciento de las casillas porque, repito, los que cuentan son los resultados definitivos que se conocen al realizarse el cómputo.
Esas son las secuelas formales de una elección. Las consecuencias políticas también se están dejando sentir. Son de especial gravedad en Oaxaca, donde la arbitrariedad autoritaria o si usted prefiere el autoritarismo arbitrario del Gobernador marca el clima poselectoral. En vez de propiciar la serenidad, porque la lucha electoral no es contienda entre enemigos, el Gobernador, su candidato y sus voceros anuncian ya noches de los cuchillos largos, a veces simulando la aplicación de la Ley, a veces asestando simple y crudamente golpes políticos.
El candidato a gobernador por Todos somos Oaxaca (la alianza de Convergencia, PAN y PRD), Gabino Cué, ha sido amenazado ya con cárcel, para hacerle pagar su osadía de marcharse del PRI y encabezar una coalición opositora. En el primer acto de su alejamiento del tricolor, a partir de 2001 fue alcalde de la capital oaxaqueña, a que llegó con apoyo de Convergencia (de cuyo comité nacional era secretario general, en aquel entonces, el ahora diputado Jesús Martínez Álvarez, que fue gobernador interino del estado). Por presuntos desvíos de recursos cometidos en su desempeño municipal, Cué ha sido acusado ante el Congreso local, dominado por priistas (como lo será también la próxima legislatura, elegida el domingo), que se disponen a ajustar cuentas con el disidente. Pretendieron hacerlo antes, para impedir su participación en la liza electoral y para ello buscaron imponer una presidenta municipal que lo supliera sin apego a la Ley. Pronto fue desplazada al aplicarse el mecanismo legal de sustitución, pero su breve paso por la alcaldía le permitió reunir información que ahora se busca enderezar contra el réprobo que se fue del PRI.
Al ex gobernador Diódoro Carrasco, a quien el priismo triunfador en Oaxaca reputa como impulsor de la disidencia de Cué y su padrino, no le esperan acusaciones penales, pero sí políticas: se planea expulsarlo del PRI, operación que al comienzo estaría a cargo del consejo político estatal, que se reunirá en breve. La misma expulsión se solicitará para Elba Ester Gordillo, que a decir de Ulises Ruiz pagó a maestros oaxaqueños residentes en el Estado de México para hacer proselitismo en favor de Cué.
Esos ajustes de cuentas no son nimios y no es válido banalizarlos sobre la base desdeñosa de que “son los mesmos, sólo que están devedidos”. Pero son más importantes las disensiones que dejan, después de las elecciones, a comunidades partidas a la mitad. En Huautla, por ejemplo, donde un hombre murió a palos y otro padece muerte vegetativa, causada también por contusiones, se han expedido órdenes de aprehensión contra tirios y troyanos, más con criterio político que con rigor ministerial. En su afán de disminuir la gravedad de la golpiza asestada por priistas a Serafín García, el profesor jubilado que murió inerme, la parcial Procuraduría de justicia estatal se propone encarcelar también a los opositores. Es parte de la política generadora de miedo que inhibió a los ciudadanos de salir a votar.
